Mexicali, BC, 17 de septiembre. Un trabajo encubierto realizado por Hannah Giles y James O’Keefe, activistas promotores de los derechos humanos, evidenció acciones ilícitas de empleados de la Asociación de Organizaciones Comunitarias para la Nueva Reforma (ACORN, por sus siglas en inglés), que aconsejan la importación a Estados Unidos de niñas de México y El Salvador para prostituirlas en el país vecino, y obtener ganancias con ello.

La ACORN, organismo no gubernamental dedicado al apoyo de migrantes y personas de alta marginación para adquirir vivienda propia en Estados Unidos, anunció que dará inicio a una investigación independiente, para deslindar responsabilidades de sus empleados.

Giles y O’Keefe acudieron a oficinas de la ACORN en San Bernardino y National City, California, disfrazados de prostituta y proxeneta, respectivamente, con el argumento de que buscaban asesoría para obtener recursos económicos con los cuales sostener una falsa campaña político-electoral.

Un empleado de la ACORN en National City les dijo que su mejor opción para obtener dinero era explotar sexualmente a menores de edad en la frontera de Estados Unidos con Baja California, donde tenía contactos para permitir esa actividad, y aseguró que era posible introducir en Estados Unidos a niñas de manera indocumentada para continuar el negocio y lavar el dinero de la explotación sexual.

En San Bernardino, al norte de California, una empleada identificada como Tresa Kaelke, dijo tener interés en colaborar con la pareja en sus actividades de proselitismo hacia el Congreso estadunidense. Kaelke habría propuesto a la supuesta prostituta y al proxeneta disfrazar un negocio como sala de masajes, y arreglar los derechos laborales de sus empleadas, sin la supervisión de la autoridad estadunidense.

Sobre la investigación, la directora de ACORN, Bertha Lewis, difundió la mañana del jueves en su portal de Internet –www.acorn.org, inactivo al cierre de esta edición– que como resultado de la acción injustificable de un puñado de nuestros empleados hizo una consulta con el comité ejecutivo de la organización para poner orden en los programas y realizar una revisión independiente, por lo que designaría a un auditor y a un investigador para llevar a cabo un examen exhaustivo en cada una de las organizaciones que conforman la asociación, así como sus procesos internos.

Por su parte, la empleada que proporcionó consejos para la operación del proxeneta disfrazado cuestionó la obtención y difusión de estos materiales, editados por el grupo que ideó la historia.

Kaelke dijo desconocer que su conversación estaba siendo grabada, lo que representó un ataque al trabajo que realiza para apoyar a familias de bajos ingresos económicos contra la crisis hipotecaria y las reformas en la atención de la salud.