urante la presentación en el Senado del primer Diagnóstico nacional sobre la trata de personas y la vulnerabilidad de este delito en México, realizado por el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Acción Social (CEIDAS) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el maestro Mario Luis Fuentes, director de CEIDAS, afirmó con razón que el delito de trata de personas implica la fractura de prácticamente todos los derechos humanos de quienes son sus víctimas, y que a pesar de su volumen creciente, es uno de los crímenes hoy más invisibilizados en nuestro país.

Según el CEIDAS, de acuerdo con estimaciones conservadoras, cada año más de 20 mil personas son sus víctimas en México. De ahí la importancia de este primer diagnóstico sobre las condiciones sociales que propician su comisión en el país. De acuerdo con él, sus víctimas provienen de entornos de vulnerabilidad, y tiene como causas por un lado el analfabetismo, la baja escolaridad, la violencia, las adicciones o abusos, la vida en las calles, e incluso el hambre; y por otro la inexistencia de marcos jurídicos que lo tipifiquen y sancionen, o bien su deficiencia.

Para realizar su investigación, el CEIDAS solicitó información sobre el problema al gobierno federal y a los 32 gobiernos de las entidades federativas. Con la información obtenida pudo documentarse que en cuanto a políticas públicas los gobiernos federal y estatales cuentan con programas de baja capacidad para enfrentar adecuadamente y prevenir con eficiencia este delito. En particular, por lo que se refiere a su prevención, el Diagnóstico registra campañas aisladas por parte del gobierno federal, y expresa que han sido los organismos públicos de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil los actores más propositivos en el tema.

Con relación a la persecución y sanción del delito, al cierre de la edición del Diagnóstico solamente se encontraban iniciadas 24 averiguaciones previas en el Ministerio Público de la Federación, y no había sentencia condenatoria contra tratante alguno. En cuanto a la protección de las víctimas, no se han presentado todavía protocolos para su reintegración en la sociedad, y las acciones que se han realizado han sido mayormente iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil, particularmente en el establecimiento de lugares de refugio. Aunado a lo anterior, el Diagnóstico pone de manifiesto lo que llama las paradojas de los gobiernos, que asignan nuevas responsabilidades a las instituciones existentes, como el DIF, pero sin dotarlas de los instrumentos y recursos, incluso jurídicos, para cumplir a cabalidad con esas obligaciones.

El diagnóstico evidencia además la falta de coordinación interinstitucional, la carencia de una política de concertación entre los tres niveles de gobierno, así como la ausencia de presupuestos para el cumplimiento de las responsabilidades que devienen de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la trata de personas, aprobada apenas por el Senado en diciembre de 2005, y por todo el Congreso hasta el año 2007. De conformidad también con el Diagnóstico, la trata de personas con fines de explotación laboral persiste invisibilizada en nuestro país, y los esfuerzos realizados para involucrar al sector privado en la prevención de este delito, y para desincentivarlo, han sido escasos.

Con base en la información recabada y en los análisis realizados, la conclusión es que el gobierno mexicano ha fracasado en la protección debida a las personas y grupos más vulnerables del delito de trata de personas. Lo anterior es también consecuencia de rezagos, como la promulgación del Reglamento de la Ley Federal sólo después de cuatro puntos de acuerdo del Congreso, y gracias a la presión ejercida por organizaciones de la sociedad civil. Además, la Comisión Intersecretarial que establece esa Ley, fue apenas instalada el 20 de julio pasado, y es altamente preocupante que el Programa Nacional para Combatir y Prevenir la Trata de Personas no haya sido hasta ahora elaborado.

Por todo ello, el Estado mexicano no ha logrado combatir las redes de tratantes, y a la vista de todo tipo de autoridades se promueve la explotación sexual en bares, loncherías, estéticas, spa, table dances etcétera, descontando la que también se realiza vía Internet o a través de los periódicos. Tiene razón el director del CEIDAS cuando afirma que no podemos seguir siendo un país que ante los fenómenos más crueles esquiva la mirada; y que no termina por asumir la construcción de un país de justicia en donde los derechos humanos son protegidos con toda la fuerza de las instituciones. Por ello en su presentación en el Senado enfatizó la necesidad de: a) Reconocer el recrudecimiento de los fenómenos que generan vulnerabilidad al delito de trata de personas, debido a la crisis económica y social por la que atraviesa el país; b) La urgencia de optimizar el marco jurídico para la prevención y sanción de ese delito, así como promover en todo el país la armonización de los códigos penales; c) La necesidad de construir políticas públicas de ese delito en los tres niveles de gobierno, que efectivamente se conviertan en un eje fundamental tanto en la prevención como en la lucha contra el crimen organizado; y, finalmente, d) La urgencia de colocar la agenda de los derechos humanos en el centro de todas las políticas públicas.