Washington, 19 de septiembre. Ex directores de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos que trabajaron para administraciones republicanas en las últimas cuatro décadas pidieron al presidente Barack Obama que detenga las investigaciones sobre las torturas cometidas por agentes en los interrogatorios a sospechosos de participar en ataques contra objetivos estadunidenses, incluidos los atentados del 11 de septiembre de 2001 sobre Nueva York y Washington.

La petición de los ex funcionarios suscitó una polémica en círculos legales y políticos que puso contra la pared al actual director de la CIA, Leon Panetta, quien por una parte dijo compartir el sentimiento de los ex directores de la agencia, pero por otro lado manifestó estar del lado de la administración de Obama y sus decisiones.

Siete ex titulares de la agencia argumentaron en una misiva enviada el viernes al mandatario que la investigación activada el 24 de agosto pasado minará la confianza de los agentes en la seguridad jurídica de sus labores, expondrá públicamente las operaciones de la CIA –en beneficio de la red Al Qaeda– y decepcionará a los gobiernos aliados que confiaron en el secreto de la colaboración con Washington en asuntos de seguridad.

Colaboradores de Bush y Nixon

La misiva fue firmada por tres directores de la CIA durante ocho años de gobierno de George W. Bush: Michael Hayden, Porter Goss y George Tenet, así como por John Deutch, James Woolsey, William Webster y James Schlesinger, quienes ejercieron el cargo en la época del presidente Richard Nixon.

El actual procurador general, Eric Holder, designó el mes pasado como fiscal especial del caso a John Durham para que estudie las acusaciones contra la CIA por los excesos cometidos por sus agentes en los interrogatorios a los combatientes enemigos detenidos por su presunta participación en los atentados de 2001 y en otras actividades consideradas antiestadunidenses, en países asiáticos y europeos.

Los abusos –cometidos principalmente en la base de Guantánamo y cárceles de Irak y Afganistán– fueron conocidos en 2004 y 2005 por reportes de la prensa estadunidense y europea, que refirieron a prácticas como el waterboarding o ahogamiento simulado a los interrogados.

En las torturas también estuvieron involucrados integrantes de firmas de seguridad privadas, contratadas por el gobierno de Bush.

La investigación fue abierta pocos días después de que el Departamento de Justicia publicó un informe del inspector general de la CIA de 2004 en el que detalló los agresivos interrogatorios a los presuntos terroristas, pero al mismo tiempo destacó que esas prácticas permitieron obtener información valiosa, que sirvió para impedir nuevas acciones antiestadunidenses.

Al reaccionar a la decisión de Holder, portavoces de la Casa Blanca afirmaron que no hay más opción que dejar que fluyan las consecuencias legales de los abusos cometidos por los agentes de inteligencia.

La CIA, a su vez, respondió que se hará cargo de los gastos que deriven de la defensa legal de los miembros de la corporación que resulten acusados.

Por medio de un portavoz, Panetta sostuvo que Obama respalda fuertemente a los hombres y las mujeres de la agencia.

Panetta ha estado al lado de aquellos que cumplieron con el marco legal en los interrogatorios, según dijo el portavoz del director de la CIA, Paul Gimigliano, quien precisó que la agencia coopera en el caso reabierto por el procurador general, con el fin de asegurar que las operaciones de inteligencia se centren en proteger al país.

En su edición de este sábado, el diario The Washington Post, con base en fuentes gubernamentales, informó que la revisión del Departamento de Justicia se centrará en un reducido número de casos, entre ellos uno en el que un prisionero afgano murió en una instalación secreta de la CIA en Afganistán siete años atrás.

En la carta, los ex directores señalaron que la investigación sobre los métodos aplicados por los agentes de la CIA se realizó ya en 2005 y estuvo a cargo de fiscales de carrera, con la colaboración de la agencia.

La decisión de reabrir la investigación penal crea una atmósfera de riesgo continuo para aquellos agentes cuyos expedientes fueron ya investigados, pero desechados como posibles casos con cargos judiciales.

Los agentes de inteligencia, agregaron los ex funcionarios, deben tener la libertad de hacer su trabajo sin preocuparse de que un procurador decida en el futuro revisar su labor, autorizada previamente por otro fiscal.

Las investigaciones penales van a dañar seriamente el deseo de muchos otros agentes de inteligencia de asumir riesgos para proteger al país, que –apuntaron– “es vital para tener éxito en la larga y difícil lucha contra terroristas que continúen amenazándonos.

La administración debe tener en mente que la exposición pública de las operaciones pasadas de inteligencia pueden ayudar a Al Qaeda a eludir las operaciones y los planes futuros. Las revelaciones sobre el conjunto de actividades han hecho y harán más difícil que los agentes mantengan el nivel de operaciones que han salvado vidas y ayudado a proteger a Estados Unidos de otras agresiones.

Los ex funcionarios advirtieron que el éxito en las acciones de inteligencia frecuentemente dependen de actos sorpresivos que crean incertidumbre en la mente de los enemigos.

También señalaron que la reapertura de las pesquisas causará un daño serio a la capacidad de los servicios de inteligencia estadunidenses de obtener cooperación de agencias extranjeras, que ya están enormemente preocupadas por la incapacidad de Estados Unidos para mantener secretos.