a Cámara de Diputados argentina aprobó el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre los medios de comunicación y probablemente el Senado haga lo propio. Desde 1983 la sociedad argentina está discutiendo el problema y en seis ocasiones intentó sin éxito, tanto con los gobiernos del Partido Radical como con los peronistas, modificar la ley que está a punto de ser derogada y que daba a los oligopolios un enorme poder político.

La ley aún vigente, que durará hasta que el Senado convalide la derogación, fue elaborada por la dictadura militar en 1976. Gracias a ella el control de los medios de comunicación (y del contenido ideológico de los mismos) estaba en manos de un trío formado por un general, un brigadier y un almirante, que podían vetar temas, datos, opiniones, informaciones sin explicación alguna, artículos que, con los gobiernos constitucionales, permanecieron en el texto pero no fueron aplicados. Dicha ley, además, con el menemismo, permitió que 83 por ciento de las informaciones esté en manos de cuatro grupos, el principal de los cuales es hasta ahora el de Clarín, que posee diarios, radios, televisoras nacionales y provinciales, empresas de cablevisión, revistas, agencias, papeleras. El Estado, con sus informaciones, representa apenas 7 por ciento y el resto está disperso en muchas manos. Los oligopolios controlan los noticiarios –es decir, la formación de la opinión pública– y los espectáculos, o sea, la formación cultural de los televidentes y oyentes. El resultado está a la vista: pornografía y violencia a cualquier hora, amarillismo en las noticias y mentiras reiteradas o información deformada, enlatados estadunidenses que exhiben durante horas, con viejas y repetidas series, el vacío cultural de las empresas de cable.

Pero el gobierno de Cristina Fernández tomó el toro por los cuernos después de su derrota electoral que, a partir de diciembre próximo, le hará perder la mayoría en las cámaras. A tambor batiente le quitó a los oligopolios la difusión nacional por cable, previo pago, de los partidos de futbol, que pasó a ser gratuita y se hará por los canales televisivos, y la venta mundial de los derechos sobre los mismos: o sea, un negocio de decenas de millones de dólares, sobre todo en vistas del Mundial de Futbol en Sudáfrica (si el equipo argentino logra llegar a éste…).

Sobre llovido, mojado. Aprovechando que en el Congreso dispone todavía de mayoría en ambas cámaras hasta diciembre, presentó un proyecto de ley que establece que la propiedad de los medios será en 33 por ciento de las empresas privadas que hoy los controlan, mientras otro 33 por ciento será público y otro 33 estará en manos de iglesias, sindicatos, ONG, asociaciones sin fines de lucro, comunidades indígenas, cooperativas culturales. Los medios deberán dar espacio en su programación a la cultura y al arte nacionales y estarán controlados por siete personas, sólo dos de las cuales serán nombradas por el Poder Ejecutivo, entre las cuales la mayoría está compuesta por representantes parlamentarios o académicos. En el plazo de un año las empresas que poseen más de 10 medios deberán vender los que superen esa cantidad y ninguna de ellas podrá tener a la vez una televisión por aire y una distribuidora por cable. El grupo Clarín, con esto, recibe un golpe durísimo ya que, además de la pérdida del negocio multimillonario del futbol, deberá vender decenas de medios (radios, televisoras locales, empresas de cable) que actualmente posee. La nueva ley, además, cierra el ingreso de Carlos Slim en el negocio de las telecomunicaciones y deja fuera de juego a las compañías telefónicas (que son extranjeras), evitando así que el oligopolio actual sea simplemente remplazado por otro monopolio.

Naturalmente, la SIP (es decir, los propietarios oligopólicos de medios en nuestro continente, fuertemente ligados al capital financiero internacional y al Departamento de Estado estadunidense) gritó como desollada al perder la posibilidad de seguir intoxicando a los lectores, radioyentes y televidentes de Argentina, Uruguay y Paraguay y de influenciar políticamente hacia la derecha al electorado argentino. Sus alaridos en defensa de la libertad de expresión supuestamente amenazada, sin embargo, son poco creíbles porque más de 90 por ciento de los medios del país son opositores y mienten, gritan e insultan con total libertad. Es más, el grupo de la Carrió, los radicales, los peronistas de derecha y de ultraderecha, el partido de Mauricio Macri, el Berlusconi argentino (el PRO) –es decir, todos los que se beneficiaron con las leyes de la dictadura e incluso la añoran– ni siquiera presentaron un proyecto alternativo al del gobierno y se negaron a votar, reafirmando así que defienden la actual ley de la dictadura y a los monopolistas.

El gobierno, por consiguiente, acaba de conseguir dos victorias. En primer lugar, rompió el frente que el capital financiero, los exportadores y la oligarquía terrateniente habían formado con el centroizquierda: socialistas moderados, izquierda del grupo de la Carrió que ha formado un partido propio, Proyecto Sur, dirigido por el cineasta Pino Solanas, apoyado por un sector de la CTA (Central de los Trabajadores Argentinos). Y, además, se dio los instrumentos para enfrentar en condiciones menos desfavorables las elecciones presidenciales y para dividir a la derecha, la cual jura que anulará esta ley mediante los tribunales o en diciembre, con la nueva composición de las cámaras.

Pero esta victoria parlamentaria no corresponde a un cambio en la relación de fuerzas entre las clases. Eso es lo que sería decisivo. Sin embargo, no se ve ninguna política destinada a conseguirlo.