Una delegación de 50 parlamentarios y representantes de sindicatos internacionales envió a la comisión especial del Senado de la República que da seguimiento al conflicto en la mina Cananea un documento en el que expresa preocupación por la alianza deshonrosa del gobierno de Felipe Calderón con la empresa Minera México, para reprimir a los trabajadores, violar sus derechos laborales y destruir al gremio que encabeza Napoleón Gómez Urrutia.

Organizada por la United Steelworkers, de Canadá, y la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Metalúrgica, así como por congresistas canadienses y organizaciones gremiales de América, Europa y África, la delegación estuvo en México en julio pasado.

El objetivo fue conocer de cerca el conflicto minero, por lo cual se entrevistaron con el secretario del Trabajo, Javier Lozano, legisladores, representantes del sindicato minero, con otras organizaciones, como la de los telefonistas, con las familias de los muertos en Pasta de Conchos y con el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard.

El reporte final de los trabajos de esa delegación –que el pasado jueves fue entregado a la comisión que encabeza el senador del PRD Arturo Núñez– incluye una serie de conclusiones y recomendaciones, entre ellas, que están especialmente preocupados de que a Calderón sus socios comerciales lo consideren un héroe debido a las acciones contra los traficantes de drogas, pero su gobierno reprime a los mineros de forma sistemática y frecuentemente violenta.

El gobierno mexicano y los empresarios han dejado claro que no tolerarán un sindicato que organiza y gana huelgas para conseguir alzas salariales y condiciones de trabajo seguras, que se niega a aceptar directrices gubernamentales y que forja alianzas fuertes con el movimiento sindical internacional.

La delegación, encabezada por Jack Layton, líder del Partido Democrático de Canadá, analiza a detalle el conflicto del gremio y concluye que hay un contubernio entre Minera México y el gobierno federal para perseguir a los trabajadores y a Gómez Urrutia, a través de acusaciones penales repetidas, a pesar de que el dirigente ha demostrado que los fondos de los obreros de Cananea están en un fideicomiso.

En el documento se señala que en la reunión con el secretario del Trabajo, en la que estuvieron también autoridades de la cancillería y de la Procuraduría General de la República (PGR), Layton les dijo: dejamos claro que la interferencia del gobierno en la dirección del sindicato, el encarcelamiento de dirigentes, el congelamiento de las cuentas bancarias, el declarar las huelgas inexistentes y la falta de procesos judiciales contra los asesinos de líderes mineros, son graves e inaceptables violaciones a los derechos humanos básicos.

Otras de las organizaciones integrantes de esa delegación son el Centro de Solidaridad AFL-CIO, el Sindicato de la Construcción, Bosques y Minas, de Australia, la Confederación de Trabajadores Metalúrgicos –CNTM Forca Sindical– de Brasil y la Asociación de Supervisores Metalúrgicos de Argentina.

Entre las recomendaciones que formulan al gobierno mexicano están las de levantar todos los cargos pendientes contra Gómez Urrutia y demás dirigentes del sindicato, terminar con la interferencia estatal en los asuntos de ese organismo, liberar los fondos gremiales, resolver los graves problemas de salud en las minas y obligar a la empresa de Germán Larrea a negociar la solución de las huelgas en Cananea, Taxco y Sombrerete.

Que se someta a proceso judicial a los responsables de la muerte de cuatro trabajadores –dos en Lázaro Cárdenas, uno en Nacozari y otro en Fresnillo– y a quienes propiciaron el accidente en que fallecieron los 65 mineros de Pasta de Conchos, ayudar en la recuperación de los cuerpos y compensar económicamente a los deudos.

La delegación internacional pidió a los gobiernos de sus respectivos países que recuerden a México que los tratados comerciales incluyen sanciones económicas por violar derechos laborales y humanos.