Los escépticos se preguntan a menudo, cuando se trata de programas del gobierno: si vale tanto la pena, ¿por qué el sector privado no lo está haciendo ya? Se puede hacer una pregunta similar sobre las empresas que afirman actuar por el bien común: si el público lo necesita, ¿por qué el gobierno no lo está haciendo ya?

Es necesario examinar bajo esta luz el plan de Google de digitalizar todos los 168 millones de libros del mundo. De 2004 en adelante, la empresa de motores de búsqueda ha escaneado unos 5 millones de títulos, muchos protegidos por derechos de autor. Es obvio que una biblioteca digital integral podría generar cuantiosos ingresos, aunque aún no está del todo claro en qué forma. En 2008, Google tuvo una larga y complicada negociación con el Gremio de Escritores y la Asociación de Editores de Estados Unidos, que la habían demandado. Llegaron a un acuerdo, según el cual Google mantendría poco más de la tercera parte de los ingresos generados por esos libros en línea, y el resto iría a un registro no lucrativo de derechos de autor, operado por representantes de escritores y editores. El registro buscaría a los autores de los libros huérfanos –sujetos a derechos de autor, pero fuera de catálogo– y les entregaría las regalías. Google accedió a pagar 125 millones de dólares para constituir el fondo del registro.

El mes próximo se llevarán a cabo audiencias en un juzgado federal de Manhattan para verificar si este acuerdo es lícito. Esta semana diversas partes interesadas presentaron recursos esgrimiendo diferentes argumentos, con la intención de que el juzgado lo bloquee. Entre los opositores están varios gobiernos europeos, encabezados por Francia y Alemania, al igual que la librería virtual Amazon y el Departamento de Justicia de EU. Los abogados de Microsoft sostuvieron hace unos días que una demanda gremial no es la forma correcta de cambiar leyes fundamentales, y tienen razón.

Lectores del futuro

Lo que Google está construyendo ¿es una ciberbiblioteca o una ciberlibrería? Si es lo primero, la forma en que el conocimiento se difunde es tan importante como quién se queda con el dinero. Esta semana, el novelista Jonathan Lethem presentó una declaración en la que advierte: Si los lectores del futuro saben que están dejando una huella digital que otros pueden rastrear, podrían inhibirse de realizar interesantes excursiones intelectuales. Nadie desea que el gobierno guarde una lista de personas que hayan bajado libros de Karl Marx o Sayyid Qutb, pero no es esa privacidad la que preocupa más en el acuerdo de Google. El problema principal con la privacidad en la era de Internet es que las menores veleidades de una persona dejan un rastro en una forma que jamás había ocurrido. Un gobierno malévolo puede encontrar ese rastro con la misma facilidad en Amazon, en el sitio web de una casa editora o en un salón de chat. En realidad este hecho no se ve afectado si Google recibe un monopolio sobre libros fuera de catálogo.

El mayor desafío a la privacidad es que esas veleidades tienen valor comercial. Una persona que hace una búsqueda entre novelas de Nadine Gordimer y J. M. Coetzee tiene mayores probabilidades que el internauta promedio de comprar un boleto de avión a Sudáfrica. Una persona que busca biografías del Toro Valenzuela tiene más probabilidades de comprar un bate de beisbol. Es posible derivar ganancias de ese conocimiento. ¿A quién pertenecen esas ganancias? El modelo de negocios que Google ha seguido en Gmail –escanear mensajes para generar publicidad personal– da una idea de lo que esa empresa tiene en mente. En el documento preliminar política de privacidad sobre libros, emitido en fechas recientes bajo presión de la Comisión Federal de Comercio de EU, Google promete no compartir información personal con terceros, pero se reserva el derecho de conservar información para reportar sobre tendencias agregadas de usuarios. A Google no le importa quién es el lector, pero sí le importa mucho lo que el lector pudiera comprar.

El tema de la competencia

Quienes creen que Google construye una librería, no una biblioteca, se han enfocado en si el acuerdo inhibe la competencia. Cierto, la inhibe, pero, ¿es tan necesaria la competencia en este contexto? Al remplazar un servicio unificado con uno fragmentado no se obtienen ganancias automáticas, como pueden atestiguar muchos usuarios de servicios públicos que han sido privatizados. El proyecto de digitalización de Google se refiere a organizar productos ya existentes, no a ofrecer incentivos para crear nuevos, lo cual es la justificación usual de la competencia en el mercado. Es fácil justificar monopolios que operan para el interés general: los llamamos servicios públicos. Más difícil es justificar los monopolios que se mantienen en manos privadas. Si 125 mdd es todo lo que cuesta una ciberbiblioteca sumamente benéfica, entonces, como dijimos antes, ¿para qué necesitamos a Google? Si el gobierno no la financia, algún filántropo podría poner el dinero, como hizo Andrew Carnegie con cientos de bibliotecas en EU y el Reino Unido.

Ni la privacidad ni la competencia son la razón principal para el escepticismo sobre el acuerdo de libros de Google. El problema es que el acuerdo es una usurpación. Es una analogía falsa comparar a Google Libros, como han hecho algunos defensores del acuerdo, con el sistema Kindle de libros virtuales de Amazon. Autores y editores participan en Kindle concediendo a Amazon permiso de publicar en ese formato. El sistema de Google prescinde de ese permiso. Es un cambio en el régimen de derechos de autor: el acuerdo autoriza a una gran empresa a manejar los derechos de autores que no puede encontrar, y justificarse con vagas invocaciones a nuestra herencia cultural.

Tal vez de todos modos nuestra sociedad evoluciona en esa dirección. El siglo pasado fue una era en la que los individuos cedían derechos al gobierno a cambio de lo que veían como una distribución de recursos más eficiente. Quizá las personas están ahora dispuestas a hacer la misma transacción con el sector privado. Pudiera ser que nos estén llevando de vuelta a la era de los monopolios gubernamentales. Pero, si se va a crear un monopolio así, se debe hacer en forma explícita, y no permitir que partes interesadas en una demanda mercantil se repartan el botín.

Fuente: EIU

Traducción de texto: Jorge Anaya