La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó los casos de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú, y de los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, por lo que un representante del gobierno mexicano deberá presentar los argumentos de defensa en el último trimestre del año.

Ambas indígenas fueron violadas por elementos del Ejército Mexicano, en tanto que Montiel y Cabrera fueron víctimas de tortura y detención arbitraria por los uniformados en 1999. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió sus casos entre junio y agosto de este año y en octubre iniciará la deliberación. Será en 2010 cuando emita su resolución.

En conferencia de prensa, Vanessa Coria, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil, por sus siglas en inglés); Vidulfo González, coordinador jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, comentaron que dichos casos demuestran la urgencia de que se termine con el fuero militar.

Arriaga apuntó que de 2006 a 2008 se sextuplicó el número de quejas interpuestas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violaciones a los derechos humanos, y en los primeros siete meses de este año sumaron 934. Entre 2007 y 2008, el número de casos que involucran a militares asciende a 120.

La cifra es alarmante y, aunque el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, ha dicho que el fuero militar no es un blindaje de impunidad, no se puede permitir que los militares se sigan juzgando a sí mismos cuando han cometido atropellos en contra de la población civil, expresó.

En esta administración se han atendido 12 casos de violación de derechos humanos cometidos por militares, pero no hay una referencia precisa de la condena; es preocupante que el Estado siga ocultando la impunidad, dijo.

Vanessa Coria, del Cejil, precisó que el caso de Inés Fernández, integrante de la Organización de Pueblos Indígenas Mixtecos y Tlapanecos (OPIM) y violada por militares el 22 de marzo de 2002, fue trasladado a la CIDH el 7 de mayo de este año; el de Valentina Cantú, también perteneciente a la OPIM y violada el 16 de febrero de 2002, en agosto. El caso de Montiel y Cabrera se presentó el pasado junio.

Los integrantes del Cejil y de las dos organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos esperan que las sentencias que emita la corte obliguen al Estado mexicano a reformar su legislación y cumplan con las medidas necesarias para brindar a las víctimas un efectivo acceso a la justicia y la reparación del daño.

Asentaron que organizaciones no gubernamentales mexicanas han presentado 10 casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues aunque se ha avanzado en el intento de tener un Estado más democrático y se han creado instituciones para defender los derechos humanos de la población, continúa “la guerra silenciosa, de baja intensidad, represión y hostigamiento en contra de las comunidades indígenas y de sus organizaciones.

En Guerrero, 50 comunidades padecen el hostigamiento cotidiano e incluso se han creado redes de informantes y de confrontación en contra de los campesinos organizados”.