En octubre de 2003, una delegación de notables expertos en criminología enviados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a México, encabezados por Edgardo Buscaglia, dieron un sinnúmero de recomendaciones al gobierno mexicano. El propósito del organismo era que se rectificaran diversos abusos de discrecionalidad en que incurrieron durante una década funcionarios de procuración de justicia del estado de Chihuahua, respecto de las investigaciones sobre los feminicidios cometidos en el municipio fronterizo de Ciudad Juárez.

Entre los fiscales mexicanos que fueron criticados por los especialistas internacionales estaba el ex procurador de Chihuahua (1996-1998) Arturo Chávez Chávez, quien ahora espera ser ratificado mañana por senadores del PAN, PRI y del Partido Verde como titular de la Procuraduría General de la República (PGR).

En ese contexto, Buscaglia, actual académico del ITAM, recordó ayer en entrevista que la investigación sobre las muertas de Juárez –coordinada por él y en la que participaron expertos en materia de delincuencia organizada trasnacional –entre ellos el ex fiscal español Carlos Castresana; el italiano Stefano Fumarulo, doctor en sociología jurídica, y José Carlos Franco, ex miembro de la Guardia Civil de España–, arrojó una serie de horrores en que incurrieron los fiscales encargados de indagar 258 feminicidios perpetrados en una década.

Nosotros encontramos en los 258 expedientes judiciales ligados a las muertas de Ciudad Juárez fueron básicamente horrores y abusos de discrecionalidad sustantiva y procesal, destacó Buscaglia.

Por ejemplo, refirió que ninguna de las averiguaciones previas abiertas para indagar a los responsables de dar muerte a casi 300 mujeres en una década incluía acusaciones por secuestro o asociación delictuosa, aun cuando en Juárez había grupos de personas secuestrando y asesinando damas.

La ONU también documentó la existencia sistemática de casos de tortura en varias de las mujeres asesinadas.

Buscaglia añadió que “nosotros también determinamos la ausencia de una supervisión adecuada, de una dirección correcta de las investigaciones que le competían al fiscal estatal (procurador de Chihuahua), obviamente.

“También nos llamó la atención la injerencia directa o indirecta, por acción u omisión, que tenía la delincuencia organizada en el proceder de las autoridades ministeriales sobre el procesamiento de estas causas penales relativas a feminicidios. No siempre se investigaba adecuadamente a los grupos criminales que estaban involucrados de alguna manera con estos crímenes de mujeres. Por tanto, nos encontramos claramente con una de las peores prácticas internacionales en materia de procuración de justicia en ese momento”, destacó el académico.

Agregó que otra cosa que nos llamó la atención fue que no se hubieran asignado responsabilidades administrativas o penales a las fiscalías, al procurador y al subprocurador designado para Chihuahua en la década de los 90, porque de alguna manera eso se hubiera hecho en cualquier país con adecuadas instituciones y sistemas de gobernabilidad.

Buscaglia precisó que las causas penales examinadas por los expertos de la ONU correspondieron a los expedientes abiertos entre 1993 y 2003, y debo aclarar que es partir de 2001 cuando observamos un claro mejoramiento en las investigaciones y en procesamiento de estas causas. Previo a 2001 era realmente un desastre, y era un desastre que debió haberse abordado de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.

Arturo Chávez Chávez inició su carrera como servidor público en 1992, cuando fue designado subprocurador por el entonces gobernador de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas, en una época en que empezaron a despuntar fenómenos como las muertas de Ciudad Juárez y el descontrol del narcotráfico en esa frontera.

Con el cambio de administración federal, el panista Antonio Lozano fue nombrado por el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León como titular de la PGR, cargo en el que permaneció de 1994 a 1996, mismo en que Arturo Chávez se desempeñó como delegado de la dependencia federal en Chihuahua.

En ese tiempo el líder del cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, El señor de los cielos, era el principal blanco de las agencias antidrogas de Estados Unidos, pues controlaba la plaza de Chihuahua, principalmente Ciudad Juárez, de acuerdo con informes de las propias autoridades federales.