La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) ha aportado elementos de prueba suficientes para relacionar a los siete presuntos integrantes de la banda de La Flor con el secuestro y asesinato de Fernando Martí, aseguró el titular de la dependencia, Miguel Ángel Mancera, pues además de que una víctima sobreviviente al plagio reconoció la casa de seguridad del grupo delictivo, está identificado un número telefónico desde el cual se realizaron las negociaciones.

Horas después de que la Secretaría de Seguridad Pública Federal dio a conocer la aprehensión de Abel Silva Petriciolet, quien aseguró no conocer a Sergio Humberto Ortiz Juárez, El Apá, Mancera reconoció que si bien la PGJDF no cuenta con confesiones de los procesados, sí ha recabado declaraciones de las víctimas y elementos objetivos valorados por el juez de la causa para dictar al acusado auto de formal prisión, no sólo por el secuestro y homicidio del adolescente, sino por seis plagios más.

Tomamos con reserva (la declaración de Silva Petriciolet) y seguimos investigando los datos objetivos que tenemos. Un hecho que no puede estar a debate es la casa de seguridad, otro es el teléfono del que hablaban los secuestradores y otro es el vehículo donde se encontró el cadáver del joven Martí.

Tras presidir la primera sesión del consejo para la aplicación del nuevo modelo de policía de investigación, Mancera reiteró que Marco Antonio Moreno –una de las siete personas procesadas por el fuero común– fue señalado por el dueño del automóvil donde apareció el cuerpo de Fernando Martí como el sujeto que lo despojó del vehículo.

De Lorena González, la ex elemento de la Agencia Federal de Investigaciones, recordó que fue identificada por el escolta de la familia Martí.

Explicó que en los siete casos investigados por la PGJDF se cuenta con el dicho de las víctimas de que se trata de la misma casa de seguridad, lo cual coincide con la declaración de Noé Robles, otro presunto integrante de la banda de Los Petriciolet, quien afirmó tanto ante autoridades locales como federales que en todos los casos se utilizó el mismo domicilio para ocultar a las víctimas.

En torno a El Apá, el procurador local aseguró que una de las víctimas –que no es del caso Martí– ya lo reconoció.

Por último, indicó que se mantiene el cruce de datos con las autoridades federales para encontrar los puntos de conexión, y recordó que Ortiz Juárez no es procesado únicamente por las autoridades del Distrito Federal, pues también existen acusaciones federales en su contra.

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Édgar Elías Azar, reconoció que siete expedientes de necropsias, entre ellos el de Fernando Martí, fueron mutilados parcialmente por empleados del Servicio Médico Forense; sin embargo, aseguró que eso no altera las investigaciones, pues los originales están en otras instancias, como la PGJDF, y basta solicitarlos para reponerlos.