Santiago Levy, vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), propuso que todos los trabajadores asalariados cuenten con un seguro de desempleo que sustituyan las actuales liquidaciones por despidos justificados o injustificados.

Pero para ello, dijo que se requiere una estrategia social y fiscal que tenga una mayor equidad, por lo que es necesario extender derechos sociales y universales a todos los trabajadores, lo cual es administrativa y presupuestalmente viable.

Al participar en el foro: Desafíos de la Competitividad en México 2009, organizado por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) afirmó que los programas sociales propician la economía informal y la precariedad de los empleos mal pagados y sin seguridad social.

El ideólogo del programa social estrella de los pasados tres sexenios (Progresa- Oportunidades) criticó los programas asistenciales, la falta de coordinación entre éstos y se manifestó porque sean dirigidos a la población más pobre.

Ejemplificó: El organismo encargado de la vivienda se preocupa por la vivienda, el organismo encargado de la salud se preocupa por la salud, el organismo encargado de otra cosa se preocupa por su otra cosa y no hay una visión horizontal de lo que estamos haciendo y de que estamos trabajando a contrapelo y en contradicción.

Hay un dilema el gobierno legítimamente tiene una gran preocupación por lograr el bienestar de los trabajadores, dijo, pero en un contexto donde los trabajadores asalariados no tienen derecho a la seguridad social tiene que hacer un conjunto de programas paralelos para lograrlo y éstos distorsionan y crean la informalidad y reducen la productividad y los salarios reales de los trabajadores que busca ayudar.

Aseveró: No estamos logrando los objetivos que nos estamos planteando. Señaló que no crecemos no porque los trabajadores de México sean menos productivos que los de otras partes del mundo, sino porque la productividad de la economía se ha estancado, además de que existen incentivos perversos para que el 60 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) y el 70 por ciento de las empresas vivan en la informalidad.

Afirmó que un problema fundamental es la política social, porque en lugar de incentivar el trabajo formal hace exactamente lo opuesto de lo que debería de hacer, grava el trabajo asalariado formal y subsidia el trabajo informal por cuenta propia, por comisionista o ilegalmente contratado como trabajador asalariado y entonces, estamos atrapados en lo que denominó un círculo vicioso.

Explicó que hoy en día la ley busca proteger a los trabajadores del despido al través de una liquidación o una indemnización y la intención es adecuada porque los trabajadores deben de ser protegidos contra el riesgo de desempleo.

Sin embargo, el problema es que es un mecanismo que no es muy eficaz, porque muchos trabajadores que están en el sector informal no se benefician de este mecanismo de protección, por un lado, y por otro con mayor distinción de causa justificada o injustificada del despido hay una gran cantidad de litigios en las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje que le impiden al trabajador obtener los recursos cuando realmente los necesita.

Si lo despiden ahorita y hay un litigio en la Junta durante dos años, el trabajador necesita el recurso ahora y no dentro de dos años.

Se puede empezar con una estructura de aportaciones tripartita (trabajador, empresa y gobierno) y se pueden explotar las cuentas individuales que tiene cada trabajador con una cuenta donde se aporte una parte de los recursos que se vaya formando, es decir, un fondo de desempleo y entonces cuando haya un fenómeno de desempleo los recursos ya están prepagados.