l pleno del Senado de la República aprobó el jueves la convocatoria para la elección del nuevo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). El lunes será publicada en cinco diarios de circulación nacional. Con el propósito de desarrollar, de acuerdo con los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad un procedimiento transparente y democrático que brinde certidumbre jurídica a la elección del presidente de la CNDH (sic), el 2 de septiembre último la Junta de Coordinación Política (JCP) se había comprometido en un acuerdo a aprobar a más tardar el día 28 de este mes un proyecto de convocatoria abierta que atendiera a las disposiciones constitucionales y legales que regulan dicha elección, que hasta el día 21 anterior le presentaran las comisiones unidas de Derechos Humanos, Procuración de Justicia y primera de Estudios Legislativos. Como estuvo establecido, el lunes pasado estas comisiones unidas entregaron a la JCP un proyecto consensuado de convocatoria, que fue aprobada el martes siguiente. De acuerdo con la convocatoria, desde el próximo lunes y hasta el 9 de octubre se recibirán las candidaturas en la oficialía de partes del Senado. El 12 de octubre las comisiones unidas de Derechos Humanos, Justicia y primera de Estudios Legislativos determinarán las candidaturas que cumplan con los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 9 de la ley de la CNDH, y satisfagan sus bases.

Con el propósito de honrar los principios de la elección, las organizaciones civiles demandamos que esta discusión sea transmitida por el Canal del Congreso. Para efectos igualmente informativos y de transparencia, como dice la convocatoria, el Senado se ha comprometido a publicar enseguida en al menos dos diarios de circulación nacional, y en su página de Internet, la lista de los candidatos que sean elegibles, así como las fechas y el orden de sus comparecencias ante las comisiones unidas. En este punto, y para los mismos efectos, es importante subrayar que las organizaciones civiles pedimos también al Senado que al menos en su página de Internet publique además los perfiles, currículos y programas de las y los candidatos. Con el objeto de cumplir con el principio de apertura que rige este procedimiento, como también dice la convocatoria, los días 13, 14 y 15 de octubre las comisiones recibirán información y opiniones que quieran aportar organizaciones representativas de los distintos sectores de la sociedad, así como los organismos públicos y privados promotores o defensores de los derechos humanos, en torno a las candidaturas. Luego vendrá la comparecencia, a partir del 15 y antes del 26 de octubre, de las y los candidatos en las audiencias públicas, que el Senado ha decidido transmitir por el Canal del Congreso. El día 26 la Comisión de Derechos Humanos se reunirá en sesión de trabajo para presentar la terna que llevará al pleno senatorial. Finalmente, la votación deberá darse a más tardar el 29 de octubre, y la toma de protesta constitucional se realizará ante el propio pleno el 16 de noviembre.

Quienes estamos comprometidos en este proceso, ahora confiamos en que los senadores se ajusten estrictamente a los principios, tiempos y plazos establecidos en la misma, y no vaya a suceder que de repente sean tergiversados y prostituidos por otros criterios personales y cálculos políticos partidistas, lesionando con ello desde su origen la confianza y la legitimidad en un órgano autónomo constitucional tan importante en las circunstancias que vive México. Algo que es muy difícil rescatar después.

No debe soslayarse que la senadora Rosario Ibarra de Piedra, ciertamente la más experimentada y conocedora de esta materia, participa en todo este proceso bajo protesta, pues la comisión que preside, precisamente la especializada en el tema, la de Derechos Humanos, fue despojada de su conducción, en contra de lo que establecen el artículo 102, apartado B de la Carta Magna, los artículos 86 y 89, 1 de la Ley Orgánica del Congreso, y el artículo 10 de la propia Ley de la CNDH. Lo que ya desde el inicio ha sido interpretado con preocupación por algunas organizaciones civiles como un golpe legislativo en la elección del ombudsman nacional.

Por ello, y teniendo en cuenta lo que ella misma demandó a la Junta de Coordinación Política en carta pública el 11 de agosto pasado, más de 110 organizaciones civiles y académicas de derechos humanos en toda la República han demandado que este proceso contemple espacios para la participación ciudadana en todas sus etapas; que sea transparente y favorezca el acceso a la información en todas sus fases, y que dé cuenta de cada uno de los razonamientos y argumentos que fundamenten las decisiones de la Comisión de Derechos Humanos, en un dictamen final que sea a su vez un mecanismo de rendición de cuentas ante la sociedad. Me sumo también por ello a las aseveraciones que el Grupo Consultor Interdisciplinario, dirigido por Alfonso Zárate, expresó en un boletín sobre el asunto el pasado miércoles: Ni el país, ni la situación de los derechos humanos están para una movida política, para una decisión producto del cambalache legislativo, pues de nueva cuenta, los legisladores, “la cuestionada clase política toda, tienen la ocasión de mostrar sus credenciales democráticas –si es que las tienen– de hacer avanzar el atorado proceso de democratización del país”, que también pasa por sus espacios y decisiones.