a transparencia sindical constituye una vía privilegiada para avanzar en la democratización del mundo del trabajo. Buena parte de los vicios y corruptelas que obstaculizan este tránsito están fundados en ocultar información tanto a los trabajadores como a la sociedad en su conjunto.

El pasado 10 de septiembre fue publicada en la Gaceta del Senado de la República una iniciativa de ley presentada por el senador Santiago Creel Miranda, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. En ella propone reformas y adiciones a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con el fin de publicitar la información relativa a los recursos públicos entregados por el gobierno federal a los sindicatos burocráticos. Si bien teóricamente este renglón debería destinarse al pago de prestaciones a sus trabajadores, está demostrado su desvío en favor de los liderazgos sindicales o de organizaciones políticas, como quedó acreditado con el Pemexgate. Esta propuesta es coherente con la presentada anteriormente por la senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que propone reformar la Ley de Fiscalización Superior de la Federación con el objeto de sujetar a revisión los recursos públicos federales entregados a los sindicatos.

En el proyecto Creel convendría suprimir dos aspectos. El primero se refiere a la excesiva carga que impone a los sindicatos al exigirles la entrega anual de documentación probatoria relativa a los recursos públicos recibidos; el segundo, la obligación de publicar y actualizar información vinculada a su estructura y funcionamiento, señalados en el artículo séptimo de la ley de transparencia citada. Para organizaciones sindicales pequeñas o medianas constituiría un requerimiento difícil de cumplir por la limitación de sus recursos administrativos. Por otro lado, atender estos cambios no afectaría el objeto central de la iniciativa, ya que la misma prevé mecanismos para garantizar la transparencia en la información, incluyendo la posibilidad de requerir al propio sindicato datos complementarios cuando cualquier interesado así lo solicite a la dependencia pública que aporte los recursos.

El tema de la transparencia sindical es relativamente reciente. En el ámbito federal se inició con la decisión del entonces subsecretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Moctezuma Barragán, al subir a Internet algunos datos relativos a los sindicatos registrados ante su dependencia. Más tarde, criterios del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, a partir del caso Uniroyal, sostuvieron con claridad el derecho de cualquier ciudadano a acceder a la información que las entidades registradoras tenían sobre el contenido de los contratos colectivos de trabajo y los documentos básicos sindicales, tales como estatutos, padrones y tomas de nota. Este acceso se fue ampliando en los años subsecuentes.

A nivel local, el gobierno de la ciudad de México, desde la administración cardenista, ha sido pionero en la materia al abrir paulatinamente el acceso a estos documentos. El proceso ha sido fortalecido por el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual para facilitar la discusión del tema, al incluir una mesa en el tercer seminario internacional Hacia una nueva generación de la transparencia, el próximo 27 de noviembre bajo el título La convivencia de la transparencia y la autonomía de los sindicatos. Están invitados como ponentes los principales sindicatos burocráticos de la ciudad y especialistas en la materia.

Lamentablemente, estos avances no han encontrado eco en las autoridades laborales del interior de la República. Las juntas locales de Conciliación y Arbitraje estatales aún impiden a la población y trabajadores miembros de los sindicatos acceder a datos elementales sobre las directivas sindicales y las normas internas del gremio; hasta el nombre del líder sindical se les oculta, muestra del más rancio corporativismo. Por ello, destaca la reciente sentencia del Tribunal Colegiado en materia de Trabajo y Administrativa del decimotercer circuito con residencia en Oaxaca (amparo en revisión 163/2009), mediante el cual se revocó las decisiones de la junta laboral burocrática local y del juez tercero de distrito, que habían negado a la C. María Soledad Vázquez González información relativa al expediente de registro de su propio sindicato, con el absurdo argumento de que sólo la directiva sindical estaba legitimada para acceder a dicha información.

El camino de la transparencia sindical se enfrenta a constantes obstáculos, algunos envueltos en una falsa defensa de la autonomía gremial, otros en reformas legales o en tecnicismos orientados a ocultar información. En este sentido, es preocupante que en la Ley Federal de Protección de Datos Personales, aún en discusión en el Congreso de la Unión, se pretenda incluir la afiliación sindical como información reservada o datos calificados de sensibles, conceptos que no aparecían en el texto original de la iniciativa y que en comisiones inexplicablemente se adicionaron. Es obvio que la intención es evadir la transparencia en materia sindical.

La transparencia laboral no debe limitarse al sector sindical burocrático, conviene incluir a todos los gremios y a las propias empresas en este proceso. Las instituciones especializadas, las organizaciones no gubernamentales y el sindicalismo democrático deberían alentar este avance dando seguimiento a las reformas legales, tanto en el ámbito federal como local, exigir que los portales de Internet de las entidades públicas sean coherentes con este proceso y favorecer el debate público en la materia. Es lamentable que apenas estemos desahogando agendas, superadas en otros países hace muchos años.

Por lo pronto, apoyar la iniciativa Creel constituye un paso importante en esta valiosa ruta.