La propuesta del titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), Genaro García Luna, de incorporar las policías municipales a las corporaciones de los gobiernos estatales será analizada por PRI y PAN en la Cámara de Diputados, mientras el PRD la consideró una ocurrencia.

Alejandro Encinas, coordinador de los perredistas en San Lázaro, sostuvo que el gobierno federal no ha entendido el problema de la seguridad pública en el país, y su creciente vigencia pone en riesgo la seguridad nacional.

Al comentar sobre el debate entre PRI y PAN durante la comparecencia de García Luna –el psado jueves–, Encinas consideró que el costo de la confrontación hoy debe pagarlo el secretario de Seguridad Pública, ya que se le expuso de manera desmedida por la novatez en la fracción parlamentaria del PAN.

En tanto, Alfonso Navarrete Prida (PRI) asumió que la propuesta de García Luna puede ser analizada a fondo, porque sí es posible implementarla, a pesar de su elevado costo. Sería tanto como repetir el gasto educativo o en salud.

Para el ex procurador del estado de México, la sugerencia gubernamental es viable en cuanto a sus efectos, pero de difícil aplicación si no existe una bolsa de recursos suficientes para concretarse. Si esto va acompañado de fortalecimiento de los estados en funciones de seguridad pública para que realmente tengan sistemas de seguridad, habría que analizarlo con cuidado, pero sonaría posible.

La panista Gabriela Cuevas expuso que de aplicarse el cambio de la policía, deberá ir acompañado de la creación de órganos de control, al analizar el trabajo de las contralorías y cerrar el paso a la corrupción.

Por tal razón –dijo–, el paso inicial será modificar el artículo 115 constitucional. En el PAN tendremos que analizarlo a fondo y entonces tomar una decisión como grupo parlamentario.

Por el contrario, el perredista Agustín Guerrero señaló que la propuesta de García Luna está fuera de lugar, toda vez que el artículo referido ordena que los municipios deben brindar seguridad a sus gobernados, y la reforma a dicho mandato nadie la ha planteado.

“Es una ocurrencia; García Luna no tenía nada que informar frente a tanto fracaso que ha tenido en los últimos tres años; lo que propone no tiene ninguna base constitucional. Lo que sí se puede hacer –si la preocupación es que un mal elemento pueda ser recontratado en otra policía– con la base de datos es avanzar sin que implique eliminar las facultades de los gobiernos municipales”, señaló.