os impuestos son precisamente eso. Se imponen sobre alguien por parte del gobierno. Son compulsivos, aunque no tienen por qué ser equitativos. No somos contribuyentes en un sentido literal del término, sino tributarios.
Pagar impuestos constituye una de las relaciones más conflictivas entre los ciudadanos y quienes los gobiernan. Entrañan la esencia de las relaciones de poder en una sociedad.
Los impuestos sobre las ventas o sobre el valor agregado son directos, los pagan todos a la misma tasa. Los que se aplican sobre el ingreso o la renta suelen ser diferenciados por estrato, son indirectos, hay posibilidad de deducir parte de ellos, tienen algunos regímenes especiales que generan desigualdades. Y pueden también eludirse o evadirse.
La propuesta fiscal del gobierno para 2010 contiene varios cambios al régimen de los impuestos. Se recarga el peso sobre la venta de todos los productos. El 2 por ciento disfrazado de ayuda a los pobres que es equivalente al incremento del impuesto al valor agregado que ya se paga. Las mayores tasas sobre ciertos productos como cerveza y tabaco y sobre el impuesto sobre la renta.
Está la iniciativa de modificar la consolidación fiscal de los grupos empresariales. Todo esto es una parte clave de la ley de ingresos del nuevo presupuesto y hay otras más.
La situación que prevalece en la economía mexicana expresa algunas condiciones que ya se han discutido, algunas de ellas durante mucho tiempo. De manera inmediata resalta el carácter contractivo de las medidas fiscales propuestas, en medio de una profunda recesión.
Pero en el fondo de la propuesta fiscal que está en manos del Congreso hay una cuestión grave. La capacidad coercitiva del gobierno para imponer un pago sobre los ciudadanos solo puede legitimarse social y políticamente cuando hay una contraprestación efectiva para quien paga.
Es, en el fondo, parte clave del contrato social que existe en un momento dado y por lo tanto, de la posibilidad efectiva de la vida colectiva.
El gobierno no puede renunciar a su parte en el contrato, so pena de aislarse cada vez más de su base social y contribuir, así, a las tensiones entre distintos grupos.
La tributación de la que somos objeto los ciudadanos en nuestro papel de trabajadores, empresarios, consumidores, ahorradores, inversionistas es un elemento básico de la credibilidad de las políticas públicas. Y, dicha credibilidad solamente puede cimentarse en la parte que tiene en ese pacto el propio gobierno.
En este terreno la deficiencia es enorme. La parte que cumple el gobierno es cada vez más pobre y ahora ya casi imposible de defender. Lo pone cada vez más en evidencia ante los gobernados.
Los gobiernos del PAN que supuestamente representarían un cambio con respecto al desgaste histórico y total del PRI, y ello aun cuando se refuerce electoralmente, han sido sumamente destructivos en cuanto a cumplir su lado del pacto tributario.
Un caso obvio es, sin duda, el del petróleo. Los muy abundantes excedentes petroleros generados en el tiempo de Vicente Fox y aun al inicio del gobierno de Calderón no dejaron ni un rastro. No hay quien diga dónde fueron a parar; nadie rinde cuentas.
Hoy Pemex es un desastre, o más bien, sigue siendo un desastre. Produce menos, exporta menos, funciona mal, pierde dinero. Es una muestra fehaciente de la incapacidad de gestión gubernamental o de su voluntad política para arreglarla. Los socios de la empresa Pemex; es decir, y sin ambages, los ciudadanos, son en efecto defraudados no sólo legal sino financieramente por quienes la administran.
Ese es síntoma claro de la ineficiencia fiscal. Pero el padecimiento del Estado es general y se reproduce de un gobierno al otro y ya durante décadas. El arreglo actual es insostenible e incluye el entramado de privilegios que está incrustado en el desorden político que vive el país.
Las cuentas de la ineficiencia gubernamental y de dicho entramado se pasan recurrentemente a una sociedad debilitada y agraviada. Así ocurrió cuando Zedillo gestionó la deuda del Fobaproa durante el oneroso rescate bancario que se extiende hasta ahora. Así se quiere que pase otra vez, trasladando una nueva factura a la gente sin nada a cambio.
Si el gobierno cree que es un buen momento para aplicar más impuestos, tal y como sostiene su propuesta presupuestal, debería igualmente en un acto de mínima congruencia, plantear las cosas a fondo en cuanto a una reestructuración de su funcionamiento.
Esto debería abarcar toda la estructura del gasto público y de su correspondencia con los ingresos y la efectividad del cobro de los impuestos. Debe contemplar la manera en que se administran las empresas públicas, la relación con los sindicatos de Estado, los servicios que se ofrecen y la fijación de los precios.
Todo esto está ausente de la propuesta. Por eso llama la atención que el secretario Carstens diga sin tapujos que el 2 por ciento de incremento del impuesto a las ventas llegó para quedarse
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¿Qué ofrece el gobierno a cambio? ¿En qué sustenta la credibilidad de la política pública que nos pone enfrente? ¿Qué confianza pueden tener los ciudadanos en el Congreso que debe legislar el presupuesto en el marco de la frágil e incompleta democracia que tenemos? El fisco es finalmente también parte de la democracia.
