Hoy entran en vigor las normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias (operadas por el Instituto Nacional de Migración), las cuales incluyen restricciones para extranjeros alojados ahí, así como nuevos mecanismo de seguridad para su registro.

La publicación de las normas en el Diario Oficial de la Federación ocurre luego de más de dos años de ajustes al proyecto original, impulsado desde el arranque del sexenio calderonista.

El documento base fue criticado por organismo civiles y modificado en varias ocasiones por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, especialmente porque los organismos no gubernamentales advirtieron acerca de violaciones a los derechos humanos de los migrantes, así como de fuertes restricciones para quienes los visitan o auxilian.

Las normas incluyen medidas de seguridad y control, particularmente con la apertura de un expediente administrativo, que incluye filiación con fotografía y huella digital. Éste fue uno de los elementos polémicos, porque se consideró que tal fichaje transgredía las atribuciones del INM, toda vez que los indocumentados no son delincuentes.

En caso de que el alojado se sujete a la repatriación voluntaria, también deberá llenar un formato con datos generales, incluido su domicilio en el extranjero y otros informes relativos a su localización.

La Secretaría de Gobernación determinó que cuando el migrante exprese que ha sido objeto de cualquier agresión física y/o sicológica, el responsable de la estación ordenará la práctica de un examen médico.

Si bien las normas, en vigor desde este jueves, imponen al instituto de migración obligaciones para el alojamiento adecuado de indocumentados –así como la prohibición expresa de que alguna cárcel se habilite como estación migratoria– fueron definidos múltiples requisitos que deberán cumplir las visitas a estos inmuebles.

Por ejemplo, los ministros de culto religioso deberán presentar identificación oficial, registrar su visita en el libro de gobierno y someterse a una revisión física.

La autoridad migratoria podrá requerir la toma de fotografía y/o huellas dactilares para el control de ingresos, se precisa en el capítulo octavo.

Además, los organismos de la sociedad civil deberán inscribirse en el Directorio de Acceso a Estaciones Migratorias y, en el caso de las asociaciones religiosas, contar con el certificado correspondiente emitido por la Secretaría de Gobernación.

Por ello, el INM determinará quién entra a las estaciones y argumentar la negativa o cancelación de visitas.

Como se ha difundido, las normas incluyen medidas disciplinarias para indocumentados, que van desde la amonestación verbal en el caso de faltas menores, hasta la segregación hasta por cinco días cuando la autoridad afirme que el alojado atenta contra la seguridad de estas instalaciones y de quienes se encuentren ahí.

En caso de que los migrantes incurran en una conducta tipificada como delito, serán puestos a disposición de la autoridad competente.

Con el acuerdo publicado ayer se abrogan las normas que regían desde noviembre de 2001. El acuerdo fue firmado por el titular de la Secretaría de Gobernación, Fernando Gómez Mont, el pasado viernes 2 de octubre.