urante unas horas, el fantasma de Baguá sobrevoló la Amazonia ecuatoriana. La masacre perpetrada por el gobierno peruano de Alan García el 5 de junio contra indígenas que quieren evitar la destrucción de la selva por las multinacionales, no llegó a repetirse en Ecuador, porque los diversos actores, desde los movimientos indios hasta el gobierno de Rafael Correa, supieron desactivar un conflicto que aún está lejos de resolverse, pero que ahora transita por las mesas de diálogo. Así y todo, el reciente levantamiento indio en defensa del agua se saldó con un muerto y decenas de heridos.

La revolución ciudadana que encabeza Correa es un proceso plagado de contradicciones. La Constitución de Ecuador, aprobada el 28 de septiembre de 2008 por 64 por ciento de los ecuatorianos, es una de las más avanzadas del mundo en materia de medio ambiente, al punto que reconoce que la naturaleza es sujeto de derechos. La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, dice el artículo 71.

Sin embargo, el gobierno redactó un conjunto de leyes que vulneran el espíritu y la letra de la nueva Constitución, en particular la ley de minería, la de soberanía alimentaria y la de aguas. Cada una fue rechazada por los movimientos promoviendo movilizaciones. El levantamiento iniciado el 27 de septiembre por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y sus organizaciones de la Amazonia (Confeniae) y la sierra (Ecuarunari), buscaba revertir la Ley de Recursos Hídricos enviada en agosto al parlamento.

El movimiento presentó el año pasado su propia Ley de Aguas para el Buen Vivir (Sumak Kawsay) y rechaza la del Ejecutivo porque no permite la redistribución y desprivatización del agua y prioriza su uso para actividades mineras de acuerdo con un plan nacional de desarrollo de cuño extractivista, continuista respecto del modelo que primó durante el periodo neoliberal.

Por otro lado, tanto en las áreas rurales como en muchas periferias urbanas, han sido los indígenas y sectores populares los que han construido, a pico y pala, canales de riego y sistemas de agua para consumo. Se calcula que existen 3 mil 500 sistemas comunitarios de agua en Ecuador, construidos y gestionados por las comunidades. La ley del gobierno prevé la creación de una autoridad única del agua vertical y concentradora según los movimientos. De ese modo, quienes construyeron las redes de agua perderán el poder de seguirla gestionando. Quieren que simplemente seamos usuarios y no actores, dijo Humberto Cholango, dirigente de Ecuarunari.

Dos formas de practicar la vida están enfrentadas en el mundo andino. Ahora no se trata de intentos de privatizar el agua, como sucedió con los gobiernos anteriores. El problema es la minería a cielo abierto, gran consumidora y contaminadora de aguas. La cuestión de fondo es el modelo de país al que apostó Correa, pero también los demás gobiernos del continente, incluyendo a los progresistas. Según Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente y fundador de Alianza País, partido que llevó a Correa al Palacio de Carondelet, los gobiernos progresistas sudamericanos no han discutido ni cuestionado el modelo extractivista y siguen apostando a la extracción de los recursos naturales como camino del desarrollo.

En el caso ecuatoriano se suma otro problema. Los movimientos indígenas, protagonistas de los cambios en los pasados 20 años, realizaron el primer levantamiento en 1990. En los años siguientes derribaron dos gobiernos neoliberales y corruptos (el de Abdalá Bucaram, en febrero de 1996, y el de Jamil Mahuad, en enero de 2000), mientras los movimientos urbanos jugaron un papel destacado en la caída de Lucio Gutiérrez en abril de 2005. Correa se incorporó a la actividad política en 2005 y llegó al gobierno, al ganar las elecciones de 2006, gracias a casi dos décadas de luchas sociales antineoliberales. Sin embargo, apunta Acosta, su personalismo le impide comprender que él está ahí, en la presidencia, gracias a todo el esfuerzo realizado por la sociedad ecuatoriana.

Al anunciarse el levantamiento del 27 de septiembre, Correa acusó a los indígenas de extremistas, de hacerle el juego a la derecha (mencionó semejanzas entre Ecuador y Honduras) y dijo que los dirigentes no tienen representatividad. Sin embargo, y pese a la escasa contundencia del levantamiento, se vio forzado a sentarse en una mesa de diálogo con 130 representantes de los movimientos. Los seis acuerdos alcanzados, que incluyen seguir discutiendo la ley de aguas, llevaron a la Conaie a suspender las medidas de lucha, aunque una parte de las bases están dispuestas a mantener la protesta.

La cordillera andina y la Amazonia son escenarios de agudo conflicto entre comunidades y multinacionales. En Perú y Colombia la represión y las masacres son la forma que asume la guerra para imponer el modelo extractivista. En Chile se aplica la ley antiterrorista a los mapuche que resisten la versión local del modelo, el complejo forestación-celulosa. En Ecuador, la represión no es nueva bajo el gobierno de Correa –se aplicó en forma masiva en Dayuma en noviembre de 2007 y estuvo vinculada con las explotaciones petroleras–, pero ha sido más excepción que regla, lo que marca claras diferencias con las políticas de Álvaro Uribe y Alan García.

No obstante, el llamado socialismo del siglo XXI no puede permitirse la represión a los mismos sectores que labraron una relación de fuerzas de la que surgió una Constitución como la promulgada en 2008. No se trata de que el régimen de Correa tenga vocación represiva, más allá de los brotes autoritarios del presidente. La cuestión es el modelo: hasta ahora fue el petróleo; en adelante la minería. Sea lo que sea el socialismo de Correa, la represión es la otra cara del modelo extractivista.