La reforma judicial enfrenta resistencias de los propios litigantes, quienes creen que la mayor transparencia y agilidad en los procesos agotará su veta de ganancias, advirtió el director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Gerardo Laveaga, al término de una reunión en la Secretaría de Gobernación (SG).

El también aspirante a dirigir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dijo que la enmienda mencionada va muy lenta no sólo por los rezagos históricos en el sector, sino porque el tema de impartición de justicia contiene problemas de origen diverso. Por ejemplo –preguntó–, ¿qué pasó con Jacinta? (la indígena acusada de secuestrar a agentes) La detienen, luego la liberan. Un juez la condenó y (al término del proceso) no sale, no da la cara. Sería muy interesante que explicara por qué la condenó, señaló.

Laveaga firmó en Bucareli un convenio de colaboración entre el Inacipe y el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, representado por Felipe Borrego, secretario técnico del consejo.

Dijo que la reforma judicial tiene paso lento porque una enmienda no puede cambiar de la noche a la mañana un asunto cultural.

–Seguimos viviendo en un país donde sólo tiene acceso a la justicia o la libertad quien tiene dinero.

–Es tan oscuro el sistema que muchas veces pasa eso: quien tiene dinero puede hacer gran cantidad de cosas. Por eso queremos abrirlo.

“La prioridad es avanzar en la transparencia y agilidad, en especial para conocer las razones de un juez al emitir determinada sentencia, para saber cómo trabaja un policía o un perito. Además –precisó–, existe mucha resistencia” de jueces, litigantes y delincuentes a incrementar las penas.

Señaló que sólo con transparencia y rapidez en los procesos bajará el índice de violación a los derechos humanos.