Buenos Aires, 10 de octubre. En una jornada histórica, que se extendió en un debate por más de 20 horas, el Senado aprobó esta madrugada por 44 a 24 votos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que termina con una legislación de la última dictadura militar y pone límites a la alta concentración mediática, promueve la pluralidad de voces y otros puntos de transformación que esperaban organizaciones sociales, culturales, sindicales y políticas del país.

El resultado de la votación general arrancó gritos y cánticos de júbilo a los centenares, de una multitud de manifestantes, que aún permanecían frente al edifico del Congreso, cuando se hizo el anuncio a las 2:30 de la madrugada, y continuaron con celebraciones hasta el amanecer cuando terminó el debate, en el que tampoco pudo imponerse la oposición.

Para la mayoría de manifestantes que decidieron no moverse de la Plaza de los dos Congresos, esta jornada significó una derrota para los poderosos multimedios, que amparados en la ley de la dictadura en septiembre de 1980 se habían apoderado del amplio espectro de comunicación del país sin tolerar competencias.

Esto –explicaron los dirigentes sociales– se agravó en los años 90 cuando se produjo lo que llamaron la invasión neoliberal que llegó a completar las tareas pendientes de los dictadores.

La campaña de prensa fue una de las más duras contra el gobierno de Cristina Fernández, denunciaron algunos de los dirigentes que estaban en la plaza esta mañana, y recordaron que esos medios locales contaron con la complicidad de otros en el exterior que informaron sin corroborar hechos y alentaron falsificaciones asombrosas sobre la realidad del país.

El proyecto de ley había sido ya aprobado hace tres semanas en la Cámara de Diputados, donde se hicieron aportes y correcciones, después de que diversos organismos de la sociedad realizaron más de 80 foros y centenares de reuniones para resumir el trabajo que acumulaban desde hace más de 20 años, cuando se comenzó a luchar por derogar la nefasta ley de radiodifusión dictatorial.

Al bloque oficialista del Frente para la Victoria se unieron legisladores opositores, como el socialismo, otros dos de Alternativa para una República de Iguales de Tierra del Fuego y de la Unión Cívica Radical, y María Dora Sánchez, de Corrientes.

Entre los ausentes en el Senado figura el ex presidente Carlos Menem, senador por La Rioja del Partido Justicialista disidente. La oposición intentó hasta el último momento producir cambios que hicieran devolver el proyecto con los diputados, pero no lo lograron.

La nueva ley 26,522 tiene claras facultades para terminar con los monopolios en radios y televisión y abrir la participación por partes iguales en el espectro radiofónico a entidades sin fines de lucro, otras con fines comerciales y al Estado nacional.

Entre sus puntos importantes destaca como un derecho de todos y no de un grupo la libertad de expresión, establece principios muy avanzados de pluralidad en el acceso a los servicios audiovisuales, reconoce el derecho a la comunicación de los pueblos originarios y determina la duración de las licencias en 10 años. Para renovarlas se necesitará de la participación de los vecinos en las audiencias públicas.

También fija límites a la multiplicidad de las licencias y no permite a una sola empresa ocupar más de 35 por ciento del mercado ni que un licenciatario de televisión por cable posea una señal de televisión abierta, o viceversa.

La autoridad de aplicación, un punto fuertemente manipulado por algunos medios, estará integrada por la oposición parlamentaria, la Comisión Bicameral y las provincias en el Consejo Federal.

El directorio de la autoridad de aplicación estará compuesto por dos representantes del Poder Ejecutivo (uno será el presidente), dos del Consejo Federal y tres del Congreso, uno por la mayoría o primera minoría, otro por la segunda y otro por la tercera. Todos deberán contar con el aval del Ejecutivo. Durarán cuatro años.

Ese organismo tendrá facultad para autorizar las transferencias de las licencias y elaborará un registro de accionistas, mientras que el Poder Ejecutivo se reservará la adjudicación directa –previo concurso, según el artículo 32– de las licencias con mayor alcance a 50 kilómetros o en las ciudades de más de 500 mil habitantes.

Se establecen pautas sobre los contenidos, por caso un mínimo de 70 por ciento de producción nacional para radios y 60 por ciento para televisión abierta. Se prevén sanciones por incumplimientos.

El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, afirmó que esto permitirá democratizar definitivamente los medios en la Argentina y destacó el esfuerzo colectivo de largo tiempo sobre el que el gobierno se basó al momento de elaborar la iniciativa. Dijo que algunos legisladores de oposición entendieron esto y vieron en la ley una instancia de transformación.

Habrá un año de tiempo para la readecuación de los medios y no existe posibilidad alguna de que desaparezcan algunos, sino de reformulaciones y la integración de otras sociedades, siempre y cuando no se transformen en monopolios excluyentes. Es una norma moderada, dijo al terminar el debate el senador Miguel Angel Pichetto, jefe del bloque oficialista, quien también destacó que atiende la problemática de las grandes empresas en Argentina porque les permite mantener una cuota importante del espacio audiovisual, como es 35 por ciento.

El punto más conflictivo fue el 161, el último que se aprobó en el debate por particularidad, la cláusula de desinversión que obliga a las empresas de radio y televisión por cable y aire a desprenderse en el plazo de un año de las licencias que superen el límite establecido por la nueva norma. Este obtuvo 38 votos en favor y 28 en contra.

Los titulares de los diarios más poderosos tratan de insistir en el triunfo de la ley K y otros análisis están cargados de suspicacias y desprecio a la acción colectiva en la redacción de la ley.

Por su parte el senador Gerardo Morales, presidente del radicalismo, trató de tránsfuga a su par de Corrientes y propuso que se juzgue a los que cambian de voto, sin analizar que a ninguno de ellos se le ocurrió lo mismo cuando el vicepresidente Julio Cleto Cobos se dio vuelta y votó durante el conflicto con las patronales del campo en 2008 contra el gobierno que integra, señaló un legislador oficialista esta mañana.

El diario Clarín tituló hoy El kircherismo aprobó la ley que le da al gobierno mayor poder sobre los medios. Tuvo su respuesta.

Esta es la ley con más consenso de la vida institucional del país. No hay un sólo artículo que regule contenidos y la libertad de expresión está garantizada, aseguró el senador oficialista Nicolás Fernández, quien sostuvo que los medios deben ser vehículos de la realidad, pero muy distinto es que sean constructores de la realidad de manera capciosa.