Ante el déficit legal en materia de derechos indígenas, defensores de esos grupos y académicos subrayaron la necesidad de retomar e incorporar a la Constitución los acuerdos de San Andrés Larráinzar.

Durante la presentación de libro La diversidad mutilada. Los derechos de los pueblos indígenas en Oaxaca, de Francisco López Bárcenas, editado por la UNAM, se resaltó que México vulnera acuerdos internacionales al no cumplir las garantías legales para dicho sector.

El autor indicó que si bien entidades como San Luis Potosí, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Morelos y Michoacán han manifestado interés por legislar en la materia, éste es un asunto político más que de defensa de los derechos de los pueblos originarios.

Se montan en los derechos indígenas para vendernos leyes que no aportan nada a los pueblos, sino únicamente a la legitimidad de quienes las promueven, resaltó.

López Bárcenas sostuvo que para cumplir a los pueblos indios se tiene que cambiar la reforma al artículo segundo constitucional referente a esa materia. Hay que recomponerla. No se puede avanzar, porque la reforma no da para eso. Si los pueblos originarios quieren autonomía, sus recursos naturales, autogobierno y desarrollo propio no existe legislación en México que se los dé.

Recordó que el Estado mexicano tiene compromisos internacionales para garantizar el goce de los derechos a los indígenas. Sin embargo, apuntó, no ha cumplido.

Hay dos violaciones: una nacional y otra exterior. Por un lado no se reconocen los acuerdos de San Andrés y por otro tampoco los compromisos internacionales, como la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas de la ONU (decretada hace dos años), que muchos califican de no vinculante. Pero está el Convenio 169 de la OIT y otros tantos que no se cumplen.

El académico y defensor de los derechos de los pueblos originarios consideró que ese sector está desprotegido y sólo ve avances pequeños en la administración de justicia, peritos y traductores.

A pesar de ello las instancias no se han reformado. Hay códigos penales favorables que hablan de traductores, por ejemplo, en casi todos los estados, pero en la práctica no hay en México para acudir a ellos.

Magdalena Gómez, colaboradora de La Jornada y quien participó como comentarista de la obra, se refirió al proyecto de dictamen del ministro Mariano Azuela sobre el caso Oaxaca. Dijo: es una vergüenza que el documento hable de graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto social en la entidad surgido en 2006 y 2007, pero que argumente que no existen elementos para señalar que el gobernador Ulises Ruiz sea el responsable de esos abusos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación sigue dando muestras de que la justicia no pasa por su recinto.

En tanto, Pedro González Gómez, de la Asamblea de Migrantes Indígenas de la ciudad de México y también comentarista del libro, indicó que las leyes en materia indígena deben hacerse desde la perspectiva, vida, cultura y pensamiento de esas comunidades y no desde los ámbitos políticos.