La liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC), por el gobierno federal no implica la privatización del servicio eléctrico, pues la prestación seguirá a cargo del Estado, como ordenan la Constitución y la ley en la materia, sostuvo el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. Asimismo, el gobierno federal oficializó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se hará cargo de la operación de la extinta compañía.

Al justificar la liquidación de LFC y la intervención policiaca en sus instalaciones, Gómez Mont dijo que el secretario de Seguridad Pública recibió instrucciones para que se realizaran todos los actos tendientes a preservar la paz pública, el orden y la integridad de personas e instalaciones propiedad del gobierno federal, en preparación de la publicación del decreto.

Durante una conferencia de prensa a la que asistieron los secretarios de Hacienda, Agustín Carstens; del Trabajo, Javier Lozano, y de Energía, Georgina Kessel, Gómez Mont asumió que fue él quien ordenó el operativo, realizado sin costo humano que lamentar.

El secretario informó haber mantenido comunicación con Martín Esparza –dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)–, contra quien, dijo, no existe ninguna orden de aprehensión, como se rumoraba. A las 10 de la mañana adelantó que sostendría un encuentro con los líderes electricistas, el cual no es en ánimo de deslealtades o de actitudes que tiendan a poner o celar una trampa.

Al mismo tiempo advirtió  que el gobierno “reaccionará frente a cualquier acto ilegal (y) ofrece los espacios de la institucionalidad y legalidad para solucionar nuestras diferencias. Obviamente está obligado –el gobierno federal– a realizar aquellos actos que tiendan a garantizar el cumplimiento de la ley, una ley que da espacio para que esto se resuelva con apego a la concordia, la paz, el diálogo y la comunicación. Que quede claro: no esperamos actos ilegales de los trabajadores de LFC”.

El funcionario federal mencionó que respetará el ejercicio de libertades democráticas de los trabajadores, pero llamó a que se realice sin afectar a los demás y a que se haga en espacios y modos que no impliquen agresión a los ciudadanos.

Poco antes, al exponer una diversidad de cifras para respaldar la decisión del gobierno federal, dijo que los 300 mil millones de pesos que hacia el final del sexenio se hubieran tenido que transferir a LFC, de haberse mantenido operando, son equiparables a la partida destinada a Oportunidades, dos veces el presupuesto de la UNAM o el financiamiento de la construcción de 1.2 millones de casas.

Gómez Mont fue insistente en comparar a LFC con la CFE: en esta última, dijo, hay un trabajador de distribución por cada 627 usuarios; en cambio, en la primera había un trabajador por cada 291 usuarios.

Dijo que hasta el momento de la liquidación las decisiones en la compañía se tenían que adoptar en función de las demandas sindicales y no de los intereses de los usuarios, y eso mermó severamente su productividad, pues mientras en la CFE la relación es de 2 mil 500 megavatios-hora vendidos por cada trabajador, en LFC es de apenas 730.

Subrayó que el costo de la jubilación, conforme al contrato colectivo, implicaba que en promedio los jubilados –podían serlo desde los 50 años de edad– recibieran 3.3 veces el salario de un trabajador activo, o que uno por ciento de aumento para un electricista en activo prácticamente se duplicara en los jubilados. Esto provocó que la empresa tuviera un pasivo insostenible y no contara con la reserva financiera para respaldar las jubilaciones.

En el pronunciamiento del Ejecutivo leído por Gómez Mont, se subraya que Luz y Fuerza del Centro no podía hacer frente a las solicitudes de ampliación del servicio, que son del orden de 10 por ciento. Se agrega que las empresas de supermercados han tenido que invertir en promedio 400 millones de pesos cada una para suplir las deficiencias de suministro eléctrico.

A decir del funcionario, con la liquidación de LFC se mejorará sustancialmente la atención al usuario y el servicio será más eficiente, por medio de inversiones en infraestructura. Gómez Mont aseguró que las pérdidas acumuladas de la compañía liquidada tenían un impacto negativo en la economía del centro del país, ya que desalentaban las inversiones y oportunidades de empleo.

Por su parte, la secretaria de Energía, Georgina Kessel, aseveró que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes es el encargado de la liquidación de Luz y Fuerza. Para el efecto, dicha instancia ha nombrado como administrador de los bienes para la prestación del servicio a la CFE.

El director de la comisión, Alfredo Elías Ayub, dijo que desde la noche del sábado personal altamente capacitado está operando el servicio en la zona, cuyo sistema es similar al que se utiliza en Guadalajara. Tenemos amplia experiencia en la operación de estos sistemas, por lo que de no presentarse actos de sabotaje, el servicio se continuará prestando con normalidad, concluyó.