Entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hay preocupación e incertidumbre en torno a la designación de los nuevos integrantes del pleno que sustituirán a partir del 30 de noviembre próximo a Genaro Góngora Pimentel y Mariano Azuela Güitrón.

La elección reciente de funcionarios consejeros de la Judicatura Federal –César Jáuregui, ex senador panista, y Jorge Moreno Collado, ex presidente de la Fundación Colosio e identificado con el PRI– y el caso de ministros como Sergio Valls, ex diputado federal priísta, hacen temer a ministros consultados que sus nuevos compañeros sean producto de acuerdos cupulares del PAN y del PRI, en los que se privilegien los pactos políticos por encima de la formación profesional y jurídica, así como independencia, que debe caracterizar a los integrantes del máximo tribunal.

Sin embargo, el viernes pasado se reportó un hecho inusitado en el proceso de selección. Por vez primera 545 personalidades y 55 organizaciones civiles y defensoras de los derechos humanos formalizaron en un escrito, entregado en la residencia oficial de Los Pinos, la candidatura de Jorge Fernández Souza, magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, ex consejero de la Judicatura de la capital del país y académico de la UAM.

En el texto, las personalidades, entre ellas Carlos Montemayor, Samuel Ruiz (obispo emérito de San Cristóbal de las Casas), Pablo González Casanova, Paco Ignacio Taibo II, Lorenzo Meyer, Raúl Vera López (obispo de Saltillo), Clara Jusidman, Armando Bartra y fray Gonzalo Ituarte Verduzco, subrayan: es imprescindible que desde sectores diversos de la sociedad mexicana se pueda opinar y hacer propuestas para el nombramiento de los ministros de la Suprema Corte más allá de las fórmulas tradicionales que limitan las designaciones a cuotas de grupos de poder y cabildeos cerrados.

Fernández Souza, quien representa una propuesta diferente a los litigantes tradicionales del PRI y del PAN, o los abogados que han hecho carrera política y quieren pasarse al ámbito judicial –sostienen los académicos y profesores universitarios que lo apoyan–, también está respaldado por personajes como el padre Miguel Concha, José Morales (rector de la Universidad Iberoamericana –Uia–, ciudad de México), David Fernández (rector de la Uia Puebla), Juan Luis Orozco (rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente), Héctor Acuña (rector de la Uia Torreón), Gerardo Valenzuela (rector de la Uia León), Sebastián Serra (rector de la Uia Tijuana) y Sergio Lépez Vela (rector de la Universidad Loyola del Pacífico), entre otros.

La postulación de Fernández Souza, apoyada por hombres ligados a la izquierda, a la defensa de los derechos humanos y a organizaciones sociales, se suma a la de los candidatos que más suenan para ser propuestos en las dos ternas que enviará el presidente Felipe Calderón al Senado. Curiosamente, ninguno ha formalizado su intención de convertirse en ministro de la Corte.

Se dice que quienes tienen más posibilidades son el consejero de la Judicatura Federal y magistrado de circuito Luis María Aguilar; el magistrado electoral Constancio Carrasco, ex consejero de la Judicatura Federal y familiar del ex gobernador priísta y actual legislador panista Diódoro Carrasco; los consejeros Moreno Collado y María Luisa Herrera; el consejero jurídico de la Presidencia de la República y ex procurador Daniel Cabeza de Vaca, y el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR, Juan Miguel Alcántara Soria.

También se menciona al litigante Arturo Zaldívar, quien recibió una proyección importante en el foro judicial durante la gestión de Mariano Azuela al frente de la Corte, al ser considerado en diversas comisiones que designó el máximo tribunal sobre la necesidad de efectuar reformas judiciales.

De acuerdo con funcionarios judiciales consultados, hasta el momento se sabe que la designación de los ministros forma parte de un paquete de nombramientos en los que el PRI y Calderón, por conducto del PAN, acordarán también quiénes serán presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y director del Banco de México, designaciones que, se espera, se efectuarán en diciembre próximo.