n menos de dos días, los intentos del gobierno federal por liquidar y desmantelar Luz y Fuerza del Centro (LFC) generaron amplias expresiones de rechazo y detonaron muestras de apoyo social a los trabajadores electricistas afectados, como quedó de manifiesto ayer en el mitin encabezado por Andrés Manuel López Obrador, a las afueras de la Cámara de Diputados.

Durante el acto, el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, llamó al titular del Ejecutivo federal a debatir públicamente sobre los sueldos y las prestaciones de los trabajadores de su gremio y proporcionó una lista de grandes deudores de LFC, entre los que citó a la propia Presidencia de la República y demás dependencias federales, así como hoteles, empresas y medios de comunicación.

Las sucursales de LFC amanecieron cerradas ayer, por lo que los usuarios que suelen hacer ahí pagos o aclaraciones –muchos carecen de cuentas bancarias o de Internet para hacer trámites– se vieron en la necesidad de acudir a los bancos y desembolsar un pago adicional por comisión. Por añadidura, en muchas sucursales bancarias prevaleció un sentido de incertidumbre y desinformación sobre las disposiciones oficiales respecto al pago de los recibos de luz, y en algunas incluso se decidió suspender dicho servicio.

A estas afectaciones se deben agregar los apagones que ocurrieron ayer en distintos puntos del centro del país. Algunos duraron horas. La circunstancia obliga a traer a cuento las advertencias de la dirigencia del SME de que con la liquidación de los trabajadores de LFC y su sustitución por empleados de la CFE podría verse mermado el suministro eléctrico, ante el desconocimiento de estos últimos en la operación de los equipos y las maniobras correspondientes.

Por lo demás, las promesas realizadas la noche del domingo por Felipe Calderón Hinojosa de recontratar al mayor número posible de trabajadores de LFC quedaron sepultadas apenas unas horas después, cuando el titular de Hacienda, Agustín Carstens, anunció que sólo se podrá dar cabida a unos 10 mil trabajadores de la extinta paraestatal, lo cual implica que se dejará en la calle a decenas de miles de empleados de base y de confianza.

Los elementos citados, en conjunto, apuntan a la posibilidad de que en días próximos se configuren muestras de repudio ciudadano a la decisión asumida por el gobierno federal, a pesar de la campaña de linchamiento mediático a que fueron sometidos la paraestatal y sus trabajadores, como si éstos fueran los causantes de todos los males de la compañía –y no las autoridades encargadas de administrarla–, y como si gozar de condiciones laborales favorables y prestaciones de ley fuera motivo de escarnio.

La administración calderonista, deficitaria de legitimidad desde su origen y deteriorada en su imagen por la incapacidad mostrada en prácticamente todos los ámbitos de su quehacer gubernamental, se hace un flaco favor al porfiar en su intento por desmantelar una empresa propiedad del país, y al hacerlo, además, con total falta de decoro y de sensibilidad hacia las necesidades de los usuarios y a costa de miles de trabajadores y de sus familias.

El gobierno federal debe entender que en democracia no se puede ni se debe gobernar por decreto, ni por medio de la descalificación y la criminalización de los adversarios políticos. La sociedad, por su parte, debe presionar a las autoridades para que dejen sin efecto la desaparición de LFC, devuelvan sus puestos de trabajo a los electricistas organizados y emprendan un diálogo amplio y plural para sanear a la paraestatal de los males que la aquejan, los cuales son conocidos e innegables, pero no podrán ser resueltos a base de manotazos autoritarios.