Un tercio del total de la generación de energía eléctrica en México está en manos de empresas trasnacionales como las firmas Iberdrola y Unión Fenosa, de España; Mitsubishi y Nichimen-AES, de Japón; Enron, Intergen y GE-Bechtel, de Estados Unidos; la compañía EDF, de Francia, y TransAlta, de Canadá, entre otras.

Estas empresas han incrementado exponencialmente su participación en el mercado mexicano gracias a los múltiples permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía, y algunas concursan por más autorizaciones para los próximos años.

Información documental presentada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) revela lo anterior y señala que incluso diversas empresas trasnacionales tienen contratos para vender energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE); es el caso de Iberdrola, que podrá hacerlo hasta 2031, ya que pactó un convenio a 25 años.

Este contrato lo comercializa a través de una central eléctrica situada en el puerto de Altamira, Tamaulipas.

De la empresa también española Unión Fenosa, el SME indica que opera generación de electricidad en Tuxpan, Veracruz, así como en Nogales y Hermosillo, Sonora. Está registrada como productora independiente y se ubica como la segunda en importancia en esa región.

El foxismo dio el banderazo

La documentación del SME indica que desde el sexenio de Vicente Fox creció sin paralelo el número de autorizaciones de generación de electricidad para empresas privadas. Revela que si a principios de los años 90 el capital trasnacional controlaba 22 por ciento del total de generación en el país, actualmente rebasa el 30 y se estima que para finales del actual sexenio de Felipe Calderón el plan es que las empresas extranjeras controlen 58 por ciento de la capacidad instalada de generación en México, convirtiendo la privatización eléctrica en un hecho consumado.

Para este sindicato, el hecho de que empresas como Unión Fenosa, Mitsubishi y otras operen plantas generadoras como propietarias constituye una abierta y flagrante violación al artículo 27 constitucional, el cual señala la exclusividad de la nación en esta materia.

Estas compañías operan en un esquema que les impide perder, ya que, por ejemplo, Iberdrola –que en México se denomina Iberinco– tiene pactados para su planta de ciclo combinado de gas, en Monterrey, contratos de suministro de energía con empresas industriales como Grupo Alfa, Cementos Apasco, Femsa y la propia CFE, hasta los años 2025-2027 (los contratos terminan en diversas fechas de este periodo).

Es decir, esta trasnacional ya tiene dueño para 50 por ciento de su energía eléctrica la próxima década y media; sigue concursando por obtener otras autorizaciones para construir nuevas centrales e incluso ha tenido como cliente a la CFE.

Es el mundo ideal para estas empresas, que pueden tener negocios seguros y de alta rentabilidad, aun violando en forma flagrante la Constitución con la anuencia absoluta del gobierno mexicano, según apunta la información del Sindicato Mexicano de Electricistas.