El secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, señaló que el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) define al Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) como un nuevo administrador de la empresa, por lo que la materia de trabajo subsiste y los trabajadores se acogen a la figura de patrón sustituto y empiezan a contar los salarios caídos.

En conferencia de prensa, anunció que se presentará una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violación a las garantías de los trabajadores que fueron sacados a la fuerza por la Policía Federal. Tenemos fotografías cuando los golpearon, aseguró.

Puntualizó que el SME no saboteará ninguna instalación, y afirmó que la embestida contra los sindicatos independientes tiene explicación: el secretario de Gobernación (Fernando Gómez Mont) es el abogado de los Larrea, y el del Trabajo (Javier Lozano), es el de las empresas de telecomunicaciones.

Denunció que además de la caída en la inversión en equipos, herramientas y materiales –que incluso son importados de China–, existe un negocio en las licitaciones, el cual es controlado por funcionarios de la empresa.

Ayer, Esparza se reunió con las fracciones de PRI, PRD y PT en la Cámara de Diputados para cabildear con esas bancadas la presentación de una controversia constitucional contra el decreto presidencial. Platicaremos con todos los partidos, porque es un asunto de seguridad nacional, expresó.

Discurso ofcial mentiroso

Definió como mentiroso el discurso del gobierno de Felipe Calderón, que atribuye el costo de la empresa a los salarios y prestaciones de los trabajadores, y explicó que, en cambio, se ha incrementado el gasto corriente para pagar la energía que Luz y Fuerza le compra a la Comisión Federal de Electricidad.

Refirió que desde el comienzo del sexenio de Vicente Fox hasta 2009, el gasto corriente en salarios y prestaciones pasó de 17 a 14.1 por ciento, mientras que el costo de la energía en bloque comprada a CFE pasó de 62.2 a 76.3 por ciento.

Es una empresa que la obligan a comprar energía cara y venderla barata. Eso no lo administran los trabajadores. ¿Quién es el responsable? ¿Quién fija las tarifas? Son las secretarías de Hacienda, Economía y Energía, y ahora desincorporan para justificar lo que siempre han querido: hacer grandes negocios, declaró.

Esparza detalló que, de acuerdo con la más reciente revisión salarial, en marzo pasado, el salario promedio de un trabajador de Luz y Fuerza fue de 205 pesos diarios. Sin embargo, dijo, 25 mil empleados ganan por debajo del salario promedio, mientras que 7 mil 500 eventuales reciben 110 pesos diarios.

Además, señaló, el sueldo base máximo con el que se jubilan es de 335 pesos. Esto contrasta, ejemplificó, con la jubilación que se otorgó recientemente a un funcionario, Laureano Gutiérrez, que, con una antigüedad de un año ocho meses, recibirá 131 mil pesos al mes, y entonces ¿quiénes son los privilegiados, los que generan la riqueza o quienes la administran?

Esparza Flores cuestionó que mientras anualmente se incrementan los ingresos por ventas, debido al aumento de los usuarios, la inversión en la compañía es menos de la mitad de lo que se solicita.

Por ello, refirió, no hay cinta de aislar, equipos y muchas herramientas se compran en China. Esparza aseguró que los contratos donde se evidencian las prácticas irregulares en las adquisiciones estaban en la página en Internet de la empresa.

Ya desaparecieron también el sitio. Pero hay un caso ilustrativo: la licitación para zapatos de seguridad, que se otorgó a Ten Pac, que tiene su planta en Industrial Pachuca. A esa empresa se le demandó por incumplimiento de contrato, y además no pagaba el consumo de energía, por lo que se le cortó el suministro; sin embargo, este año ganó otro contrato por más de 50 millones de pesos, expuso el dirigente sindical.