En las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos en Oaxaca, durante el conflicto magisterial de 2006 y 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) generó un desequilibrio e inequidad procesal en favor de las autoridades federal y estatal, y no dio la vista del documento a las partes que solicitaron la investigación, a fin de que emitieran sus observaciones, denunciaron la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y las organizaciones civiles y sociales que integran la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

En la víspera de que este martes se discuta en la SCJN el dictamen elaborado por el ministro instructor Mariano Azuela, que propone la exculpación de todos los altos funcionarios, las organizaciones inconformes solicitaron que el pleno del máximo tribunal del país reagende la discusión del caso, a fin de que se les permita entregar, de conformidad con las reglas establecidas, el resto de los documentales públicos y privados que tienen en su poder, y formular todas las observaciones pertinentes al dictamen del ministro Azuela.

En conferencia, representantes del SNTE, la APPO y de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) enumeraron las acciones y omisiones cometidas por la SCJN durante la investigación, las cuales generaron un desequilibrio procesal que no puede dejar pasar el pleno del tribunal.

La SCJN se limitó a solicitar informes de las diversas autoridades involucradas y afirma que no hay pruebas suficientes respecto de los asesinatos, no tomando en consideración los testimonios aportados por los denunciantes y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, y desconociendo las pruebas ofrecidas por la representación de abogados acreditada ante la propia SCJN, dice el comunicado de los profesores y representantes de la APPO.

El dictamen anula a los principales actores, como la APPO, y desconoce la situación jurídica real de las personas que fueron detenidas durante este conflicto, que fueron unas 500 y no 263, como expresa el documento.

Especial mención merece el capitulo de garantías afectadas, pues desde el título rehúsa usar el término correcto de derechos humanos violados, y los considera sólo afectados, en un intento por exculpar al entonces presidente Vicente Fox y al aún gobernador Ulises Ruiz. Aunque son comprobables los casos de tortura cometidos, el ministro Azuela se refiere a ellos como tratos crueles, inhumanos y degradantes de parte de las fuerzas públicas, pero nunca como violaciones.