Al instalar la Comisión de Vivienda en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), la diputada del Partido del Trabajo Ana Estela Aguirre afirmó que, según cifras oficiales, 2 millones 158 mil habitantes de la ciudad de México no cuentan con casa propia, y al menos 17 mil 600 viviendas están hechas con material de desecho o inadecuado, en las que prevalece el hacinamiento de las familias.

Señaló que la población en pobreza o miseria no cuenta con los recursos para acceder a un terreno o construcción regular, segura y con servicios básicos como agua potable, luz y drenaje.

Precisó que 40 por ciento de la población tiene ingreso máximo de dos minisalarios y 87 por ciento recibe menos de 10 salarios mínimos, y los créditos de Infonativ y Fovissste, por ejemplo, son para quienes tienen un sueldo mayor.

Entre quienes tienen mayor dificultad para acceder a una vivienda, agregó, se encuentran los adultos mayores, que no son sujetos de crédito.

Consideró que se deben aplicar todos los mecanismos legales para garantizar el acceso a la vivienda, la cual en la actualidad es concebida como un bien y mercancía y no como un derecho humano, situación que un gobierno de izquierda debe revertir.

La administración pública está obligada a dar prioridad a las familias de menores ingresos y garantizar el acceso a las políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición, ampliación o mejoramiento de vivienda, sostuvo.

El director del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, José Antonio Revah, señaló que la preocupación a futuro es el bono poblacional que tiene el país y particularmente el Distrito Federal, debido a que la pirámide poblacional es presionada por la demanda de los jóvenes, pues de no atender esta situación este bono se convertirá en un pagaré poblacional.

Estimó que de 2009 a 2030 se deberán construir 35 mil viviendas cada año y atender 45 mil mejoramientos; es decir, otorgar 80 mil créditos, pero a ese paso no habrá recurso que alcance para satisfacer esa necesidad, que se agudizará por la crisis.

Pidió a la ALDF mayor presupuesto, pues actualmente cuenta con 942 millones y el diferencial de recursos propios asciende a 2 mil 400 millones, como resultado de las políticas para recuperar recursos. Planteó que el Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal pase a formar parte del Invi.