La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe aplazar la discusión y emitir una nueva propuesta de dictamen sobre el caso Oaxaca, ya que el ministro Mariano Azuela violó el procedimiento legal al no dar vista de su proyecto preliminar a la Cámara de Diputados.

Señalaron lo anterior Azael Santiago Chepis, secretario general de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); Alba Gabriela Cruz Ramos, asesora legal del movimiento magisterial, y David Peña Rodríguez, miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, al término de la sesión en la que el pleno de ministros inició la discusión sobre la violación de garantías ocurrida en esa entidad en 2006 y 2007.

Entrevistados al salir del salón de plenos, cuestionaron que personal de la Corte les impidiera inicialmente el acceso a la sesión pública y que sólo después de unos empujones entre manifestantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y profesores de la sección 22 con elementos de la Policía Federal que resguardan el máximo tribunal, fue que les permitieron entrar al inmueble.

Por su parte, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) aseveró que las recientes resoluciones de los órganos de impartición y procuración de justicia en México demuestran la existencia de una política de Estado que, mediante la simulación de un escrupuloso respeto a la ley, sólo asegura impunidad a los responsables de violaciones a derechos humanos.

La organización internacional –que acreditó un caudal de violaciones a las garantías fundamentales durante el conflicto social de 2006 y 2007 en la entidad— emitió un pronunciamiento en el que criticó el proyecto de dictamen del ministro Azuela, debido a que en realidad descontextualiza lo ocurrido en el estado para exculpar a los gobiernos federal y local de los abusos. No será aplicando el principio de presunción de inocencia a los poderes públicos como la Corte alcanzará la verdad.

En tanto, el abogado Eduardo Miranda Esquivel, quien en 2006 asesoró al movimiento magisterial oaxaqueño, rechazó que esos activistas sociales o cualquiera de los que fueron reprimidos por autoridades del gobierno de Vicente Fox formen parte de grupos guerrilleros o subversivos.