Los dos obstáculos más serios para establecer una colaboración estrecha en materia de seguridad entre México y Estados Unidos son las respectivas carencias en la capacidad de aplicación de la ley, incluida la corrupción, y la ausencia de mecanismos para coordinar operaciones a través de la frontera.

Así lo señala el informe del Grupo de Trabajo Binacional sobre la Frontera que elaboraron 30 expertos del más alto nivel, como ex embajadores, empresarios, académicos y ex funcionarios públicos de ambos países, que fue presentado anoche en el Club de Industriales. Entre los presentes estuvo Carlos Pascual, embajador del gobierno estadunidense en México.

Para enfrentar ambos desafíos, el informe recomienda la restructuración de las agencias mexicanas a cargo del manejo de la frontera para crear autoridades paralelas en seguridad y protección, aduanas y migración, así como la inversión de recursos suficientes en dichas agencias para garantizar su eficacia y profesionalismo. Resalta la sugerencia de que ambos países otorguen autorización recíproca a sus agentes fronterizos para intercambiar entre sí, de manera que puedan realizar operaciones conjuntas en ambos lados de la línea.

Andrés Rozenthal, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, puntualizó que no se trata de que agentes de Estados Unidos vengan a México a violar la soberanía o viceversa, sino de que trabajen conjuntamente para tener una frontera segura y amigable, donde se pueda prosperar y vivir en paz.

El documento recomienda que las dos naciones amplíen la cooperación más allá de la Iniciativa Mérida, con el fin de desarrollar una mayor capacidad para hacer cumplir la ley. Este último punto y la reducción en la demanda de drogas son componentes esenciales para cualquier solución a largo plazo de los problemas de seguridad en la línea divisoria, refiere.

Políticas a la medida

Por lo que hace a la migración propone a Estados Unidos reconocer oficialmente que cuando se trata de este tema, México es único y que para solucionar la problemática se requiere de un conjunto de políticas a la medida.

Sugiere que el vecino país lleve a cabo una reforma migratoria integral y la realización de un esfuerzo multidimensional para lograr el desarrollo económico amplio y sostenido de México.

Propone que los dos gobiernos desarrollen un programa para manejar los flujos migratorios futuros, tanto temporales como permanentes, y que tomen en cuenta las realidades demográficas y del mercado laboral en cada país.