El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Eduardo Correa Abreu, informó que esta industria perdió en el último año (agosto 2008 a agosto 2009) 200 mil empleos y se prevé que en lo que resta del año se pierdan otros 50 mil puestos de trabajo.

Consideró que la propuesta fiscal para 2010 es excesiva y viola las garantías constitucionales.

Previó que el próximo año la industria de la construcción presentará un panorama similar al de 2009, por ausencia de medidas de rescate y de apoyo a este sector multiplicador de la economía.

Aseguró que la caída de 7.8 por ciento del sector no se revertirá en un solo trimestre, por lo que estimó que 2010 será un año nada halagüeño, pero todo dependerá de cómo quede el Código Fiscal y el presupuesto.

Mencionó que existe gran descontrol en las licitaciones públicas y, mientras no salgan los lineamientos, todo queda a criterio de los funcionarios, por lo que se están presentando malas interpretaciones. Por ello adelantó que continuarán las inconformidades de los empresarios, porque no hay reglas claras.

Atenta contra la inversión

En conferencia de prensa, realizada en la sede de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CNIC), criticó el paquete fiscal del próximo año y afirmó que la propuesta obligaría a las empresas a pagar los impuestos diferidos en cinco años: 60 por ciento en 2010 y el resto en los cuatro años posteriores, a razón de 10 por ciento cada año. Es un esquema agresivo de pagos que no es acorde a la época de crisis que estamos viviendo; obligaría a las empresas a redireccionar sus recursos al pago de contribuciones y no a la inversión.

Sobre la denominada responsabilidad solidaria, Correa Abreu señaló que no es conveniente eliminar las condicionantes que limitan la responsabilidad solidaria de socios o accionistas respecto de contribuciones causadas. Lo anterior, agregó, puede ser inconstitucional, al pretender cobrar a los responsables solidarios cuando se le complique hacerlo al contribuyente directo.

Además, el establecer la responsabilidad solidaria a un socio o accionista que incluso no tenga injerencia administrativa en la sociedad, es decir, un inversionista institucional, como es el caso de los fondos de inversión, las siefores y aquellos que participan en el mercado de valores ponen en riesgo la creación y desarrollo de personas morales, así como el uso de recursos alternativos para la inversión en las empresas.