Una juez federal dio 24 horas a la Procuraduría General de la República (PGR) para que cumpla una orden de amparo emitida el mes pasado a favor del sindicato minero, con la que se ordenó a la autoridad ministerial que descongele unas seis cuentas bancarias a nombre del gremio, las cuales amparan inversiones millonarias.

La fiscalía debe dar cumplimiento al ordenamiento judicial este viernes, o, en su defecto, notificar al juzgado octavo de distrito de amparo en el Distrito Federal el motivo por el cual no se regresó la posesión de las cuentas al sindicato.

Marco Antonio del Toro, abogado del líder minero Napoleón Gómez Urrutia, explicó ayer a La Jornada que el ordenamiento judicial “se emitió luego de que le informamos al juzgado que (la fiscalía antilavado de dinero de la PGR) no dio cumplimiento a una ejecutoria de amparo, sino todo lo contrario: ordenó un segundo aseguramiento de las cuentas bancarias sindicales, en lugar de liberarlas”.

El litigante precisó que la sentencia de amparo “fue muy clara respecto a que el primer aseguramiento era inconstitucional, en virtud de que no había ningún elemento que acreditara que hubiera algún origen ilícito de los dineros del sindicato; al contrario, demostramos, en el juicio de garantías, el origen lícito del capital.

“En respuesta al amparo, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) lo que hizo fue cancelar el primer aseguramiento y dictó uno nuevo. Al apelar de la violación a la sentencia de amparo, la juez respondió y dictó una resolución (ayer), en la que dice a SIEDO: ‘se tiene por incumplido el ordenamiento de la sentencia, porque no basta con que hayas cancelado el primer aseguramiento de las cuentas’. Al analizar el segundo aseguramiento, la juez concluye que padece de los mismos vicios. Por tanto, ordenó a PGR que en 24 horas cancele tanto el primero como el segundo incautamiento”, reveló Del Toro, luego de revisar en el juzgado el acuerdo de la juez Luz Ortega.

El litigante reconoció que la PGR puede dejar sin efecto jurídico el segundo decomiso de las cuentas del sindicato, y ordenar un tercero. Aunque si se atreven a hacer esa arbitrariedad, los volveremos a denunciar por incumplimiento de sentencia de amparo, agregó.

Se trata de cuentas abiertas en Banamex y Bancomer, entre otras instituciones bancarias, que albergan inversiones cercanas a 25 millones de pesos.

A finales de noviembre pasado, la unidad especializada en el combate a delitos relacionados con operaciones de procedencia ilícita de la PGR ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el congelamiento precautorio de las cuentas sindicales, mientras se desahoga y resuelve una averiguación previa abierta ante la SIEDO, a raíz de varias denuncias interpuestas por mineros contrarios al líder Napoleón Gómez Urrutia, quienes acusaron que existían movimientos bancarios irregulares de entre 1.5 y 3 millones de pesos mensuales.