La fracción del PRI en el Senado tiene lista una iniciativa de ley federal antisecuestro que da al Ministerio Público (MP) facultades más allá de las que establece la ley, con el propósito de combatir esa acción delictiva, que es de las que más lastima a la sociedad.

La iniciativa se publicó ayer en la Gaceta del Senado, pero no se presentó al pleno porque los priístas prefirieron posponerla hasta la próxima sesión. La propuesta legislativa establece en su artículo 38 que el Ministerio Público gozará de acción amplia para utilizar los medios de investigación que estime conducentes según su criterio, aunque no sean los que menciona la ley, siempre que esos medios no sean contrarios a derecho.

El PRI plantea cárcel hasta por 70 años para los secuestradores, pero disminuye esa penalidad a entre uno y seis cuando la víctima sea liberada espontáneamente en un lapso de tres días. Asimismo, prohíbe la intermediación, elimina el secreto bancario para efectos de investigación y da facultades al Ministerio Público para intervenir las comunicaciones privadas cuando de forma voluntaria lo autorice alguno de los particulares que participen en ellas, siempre y cuando sea necesario para recabar la información.

Además, se obliga al Poder Judicial a que las solicitudes de órdenes de cateo hechas por el Ministerio Público con motivo de una indagación relacionada con secuestro sean resueltas de manera inmediata.

La nueva ley propuesta por la bancada que coordina Manlio Fabio Beltrones incluye la creación de una comisión federal para combatir el secuestro, una subprocuraduría especializada en ese delito, policía y grupos especiales antisecuestro, así como un fondo federal para ese fin.

De acuerdo con la iniciativa, los agentes del Ministerio Público adscritos a la nueva subprocuraduría deberán tener una formación especializada en materia de secuestro, persuasión, negociación, protección y atención a víctimas.

Además, se prohíbe expresamente la negociación o intermediación con ánimo de lucro y establece que los intermediadores sólo podrán asesorar a los familiares, pero sin la posibilidad de intervenir en el rescate.

Por lo que se refiere a las penas, los priístas proponen prisión de dos a ocho años a quien tenga conocimiento de los planes o actividades encaminadas a plagiar y no den aviso oportuno a las autoridades, y de dos a 10 a quien entorpezca la investigación.

Proponen además una pena máxima de entre 50 y 70 años de cárcel a los secuestradores que asesinen a su víctima, y en los casos en que ésta pierda la vida posteriormente como consecuencia del delito.

Cuando se trate de un plagio sin que se produzca daño físico a la víctima, la pena será de entre 20 y 40 años de prisión; cuando el o los autores sean o hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública o de procuración de justicia, la pena será de entre 30 y 50 años de prisión.

El Senado sesionó ayer de forma acelerada; en menos de dos horas desahogó la agenda y a las tres de la tarde cerró sus instalaciones, como previsión ante la marcha del Sindicato Mexicano de Electricistas.