Luego de los cateos del jueves a las oficinas de Financiera Coofia en 10 ciudades de Veracruz, dos funcionarios del corporativo fueron detenidos este viernes y en cuestión de horas correrán la misma suerte otros dos ya localizados, informó en Jalapa el procurador de Justicia del estado, Salvador Mikel Rivera.

El funcionario dijo que los responsables de la cooperativa que operaba como caja de ahorro serán acusados de fraude contra 9 mil personas radicadas en los municipios de Misantla, Veracruz, Córdoba, Acayucan, Minatitlán, Perote, Boca del Río, Xalapa, Poza Rica y Coatzacoalcos.

Mikel Rivera se negó a proporcionar identidades de los indiciados y sospechosos pero expuso que hasta ahora el monto defraudado asciende a 30 millones de pesos; añadió que dada la magnitud del problema –por lo que hay 496 denuncias penales y se catearon las sucursales de Coofia en los 10 municipios– la procuraduría estatal creó una fiscalía especializada para el caso.

Al respecto, Notimex dio a conocer que Coofia cerró en forma sorpresiva sus sucursales en Veracruz, pero se aseguraron sus bienes y todas las agencias del Ministerio Público estatal recibirán denuncias y harán diligencias para que la nueva fiscalía las acumule.

Las autoridades veracruzanas trabajan en coordinación con la procuraduría de Puebla, entidad donde también hay funcionarios de Coofia detenidos por defraudar a más de 40 mil personas; mientras en Tlaxcala, Hidalgo, México, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Jalisco –además de Veracruz– hay unas 30 mil víctimas.

Otros cientos de personas defraudadas por Coofia marcharon en Chilpancingo para demandar al gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo, que intervenga ante las instancias correspondientes para recuperar sus ahorros de 10 años.

Los inconformes exigieron al mandatario perredista actuar contra los responsables del fraude que asciende a 200 millones de pesos contra más de 4 mil ahorradores de los municipios de Tlapa, Huitzuco, Atenango del Río, Copalillo y Tepecoacuilco.

En la marcha participó Florentina Rosario Morales, diputada federal del PRD, quien demandó intervenir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Tales dependencias, dijo la legisladora, deben revisar el caso y disponer la indemnización total o parcial de las miles de personas defraudadas mediante el fideicomiso de pago establecido para este tipo de contingencias.

A nombre de los afectados, la profesora Carmen Cruz dijo que Coofia se robó de 150 a 200 millones de pesos de jubilados, pequeños comerciantes y gente del pueblo desde hace 10 años, pues la CNBV le permitía operar libremente hasta el intempestivo cierre de sus oficinas en Guerrero, el pasado 7 de septiembre.