Tegucigalpa, 16 de octubre. El presidente constitucional hondureño, Manuel Zelaya, acusó esta noche al gobernante de facto Roberto Micheletti de boicotear el diálogo que busca una salida a la crisis política para sostenerse arbitrariamente en el poder, y rechazó su propuesta de que sea la Corte Suprema la que decida su restitución en lugar del Congreso.

Tras señalar que es absolutamente inaceptable la propuesta del régimen de facto, Zelaya dio un nuevo plazo hasta el lunes para que Micheletti reconsidere su posición, luego de que seguían empantanadas las negociaciones, a pesar de que ya vencieron todos los plazos para cerrar el diálogo que él mismo había establecido.

En declaraciones a Radio Globo, que ahora sólo transmite en Internet después de ser silenciada por el régimen golpista, Zelaya pidió que se tomen las medidas ante la burla y la bofetada que el señor Micheletti ha inferido hoy al pueblo hondureño y a la comunidad internacional boicoteando el diálogo y usándolo como método de dilación para sostenerse arbitrariamente en el poder.

“Resolvemos convocar de manera inmediata a los cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a todo el sistema interamericano con el fin de aumentar las medidas comerciales y económicas que condenan al régimen de facto”, expresó Zelaya. Además, llamó a sus seguidores a continuar con las movilizaciones.

Ministros del régimen de Micheletti y de Zelaya afirmaron este viernes que el diálogo continúa en busca de una salida de última hora a la crisis política, pese a la fuerte tensión y los rumores de una ruptura de las negociaciones, ante la intransigencia de los golpistas que seguían resistiéndose a los reclamos internacionales para reinstalar al mandatario.

La negociación no se ha roto, están en consultas, y todavía no se ha aceptado ningún arbitraje para que decida sobre la restitución de Zelaya, afirmó su ministro de Turismo, Ricardo Martínez, en el hotel sede del diálogo.

La vicecanciller del gobierno de facto, Martha Lorena Alvarado, afirmó también que el punto del retorno de Zelaya al poder se está negociando en este momento.

Estamos sentados en la mesa de diálogo el tiempo que sea necesario. Se busca que sean hondureños los que opinen sobre el tema, no un arbitraje internacional, afirmó Alvarado, al referirse a si debe ser el Congreso el que decida sobre el conflicto, como propone la delegación zelayista, o la Corte Suprema de Justicia, como quiere la representación de Micheletti.

Es una propuesta absurda. Nosotros propusimos que fuera el Congreso, que previa opinión de las instancias pertinentes, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, emita la decisión, dijo el negociador zelayista Víctor Meza. Insistió en declararse optimista de que hoy sí lleguemos a un arreglo por el bien de Honduras.

La canciller de Zelaya, Patricia Rodas, declaró en Bolivia que el diálogo se había roto. Esta tarde, el proceso de diálogo iniciado por la OEA ha sido definitivamente roto y la intransigencia de la dictadura lo hizo fracasar, afirmó ante la cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), reunida en la ciudad de Cochabamba.

Pero el ministro de la presidencia del régimen de facto, Rafael Pineda, rechazó la afirmación de Rodas al apuntar que el diálogo seguirá el tiempo que sea necesario. El gobierno ofrece todas las disposiciones y garantías para que la mesa de diálogo se prolongue.

En la sede de las negociaciones –supervisadas por una misión de la OEA– se percibía un clima de crispación, ya que se cumplieron tres plazos dados por Zelaya, refugiado en la embajada de Brasil, para llegar a un acuerdo, el último a las 15 hora local.

El retorno de Zelaya a la presidencia es el único punto que falta por firmarse, del llamado Acuerdo de San José que propuso el presidente costarricense Óscar Arias para solucionar la crisis.

Mientras, la organización Human Rights Watch (HRW) denunció en Washington que las autoridades hondureñas de facto han estado obstruyendo la investigación sobre abusos contra los derechos humanos que una unidad de la fiscalía lleva a cabo desde el golpe de Estado de junio pasado.

El trabajo de la unidad de fiscales de derechos humanos, que también ha instado al régimen golpista a revocar el decreto que restringe las libertades civiles, es entorpecida por sus propios superiores y por los cuerpos de seguridad, señaló HRW en un comunicado.

En tanto, se informó que una misión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas viajará a Honduras el próximo domingo para elaborar un informe sobre las violaciones contra los derechos humanos ocurridos en el país centroamericano tras el golpe de Estado, donde permanecerá hasta el 7 de noviembre para recopilar la información requerida.