egún versiones oficialistas, en octubre de 2006, Felipe Calderón trazó el plan para acabar con Luz y Fuerza del Centro (LFC) y, a la vez, con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), un gremio aguerrido, que tiene vínculos fuertes con organizaciones sociales radicales y con el PRD, de acuerdo con un supuesto estudio encargado en aquel entonces por la oficina del político michoacano.

¿Es verdad que el golpe al SME se debió a su cercanía con (Andrés Manuel) López Obrador?, preguntó el pasado lunes, en su show matutino, un levantacejas de Televisa al secretario del Trabajo. De ninguna manera, la decisión fue técnica, no política, y apegada a la ley, respondió Javier Lozano, impertérrito.

LFC no es la empresa pública más antigua del país –como irreflexivamente escribió el autor de estas líneas en una apresurada crónica nocturna publicada ayer–, sino quizá la más joven: Salinas la creó por decreto en febrero de 1994. En cambio, el SME es sin duda el sindicato más longevo de México: dentro de dos meses cumplirá 95 años y, por como pintan las cosas, los celebrará en medio de la más difícil de sus batallas o al calor de la más gloriosa de sus victorias.

En la mesa de supuestas negociaciones –que se instaló ayer en Bucareli– los representantes del gobierno insistieron en liquidar a los 44 mil electricistas echados a la calle. Hasta el cierre de esta columna, el gremio no había planteado la demanda que reunió la tarde-noche del jueves a cientos de miles de personas en el corazón de la ciudad de México: la abolición del decreto extinguidor o, en su defecto, la renuncia de Calderón.

Como es obvio, el gobierno fingirá que negocia, garrote en mano, para ganar tiempo y ver si surte efecto su campaña de dividir al sindicato comprando a buena parte de sus afiliados con cheques de 300 y 400 mil pesos. Ese cálculo es erróneo: los del SME son trabajadores altamente especializados y no se venderán por unas migajas. El sentimiento de frustración y rabia que comparten lo sintetizaba el jueves un hombre que iba por Reforma con un chaleco sobre el que había escrito: De ingeniero a taquero. ¿Tantos años de estudio y de esfuerzo ya no le van a servir de nada? ¿Ahora venderá tacos de canasta? No: lo más probable es que, al disponer de tanto tiempo libre, se dedique intensamente a hacer política en contra de quien, de un plumazo, destruyó su vida y las expectativas de sus hijos para poner en manos de los mismos ricachones de siempre un negocio de miles de millones de dólares: el de la fibra óptica.

El golpe militar –con soldados disfrazados de policías– que Calderón asestó la noche del sábado pasado es un eslabón más de una larga cadena de acciones ilícitas cometidas por los últimos gobiernos para privatizar la industria eléctrica nacional. Todo comenzó en 1998, cuando los dueños de México descubrieron que en LFC había una red de fibra óptica de mil 100 kilómetros de longitud que, además de transmitir energía eléctrica, podía ser usada para mandar imágenes de televisión, señales telefónicas y dar servicio de Internet, exactamente lo que hoy en día ofrece Cablevisión y desea ardientemente hacer Carlos Slim.

Esa red fue instalada hace 30 años, la última vez que LFC fue modernizada por el gobierno federal, antes que Salinas la fusionara con las empresas distribuidoras de electricidad en los estados de México, Morelos, Hidalgo y Puebla. Desde que Zedillo supo que esa maraña de fibra óptica servía para otras cosas, la compañía dejó de recibir mantenimiento. Las máquinas compradas por el gobierno de López Portillo se quedaron sin refacciones, pero siguieron funcionando gracias a la sabiduría y la constancia de los trabajadores del SME.

El hundimiento de Luz y Fuerza, y de la industria eléctrica en general, se agudizó durante el sexenio de Fox: éste permitió, violando la Constitución, que empresas privadas generaran 30 por ciento de la energía que consume actualmente el país, lo que obligó a que las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) redujeran en la misma proporción sus actividades, hecho que en 2007 ocasionó la inundación de Villahermosa debido a la sobrecarga de la presa Peñitas, que fue desfogada a toda prisa cuando estaba a punto de reventar.

La segunda jugada sucia de Fox consistió en imponernos, a todos los mexicanos, la tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC), gracias a la cual nuestros recibos de luz subieron escandalosamente. A una familia que pagaba 180 pesos al bimestre de pronto le empezaron a cobrar 3 mil. Iba uno a reclamar a LFC y luego de horas de espera en oficinas atestadas, antiguas e incómodas, se enteraba de que le habían aplicado la tarifa DAC. De este modo, la cartera vencida de la empresa creció a niveles inmanejables, y los medios hicieron el resto.

Desde que empezó este sexenio, los levantacejas emprendieron una campaña contra LFC y contra el SME, culpando a ambos de todo: los injustos cobros, el mal servicio, la corrupción y demás calamidades. Todo para alcanzar la meta que Calderón se habría fijado en octubre de 2006, dos meses antes de colocarse la banda tricolor.

¿Por qué los técnicos de la CFE que ahora operan las instalaciones de Luz y Fuerza no pueden arreglar los apagones? Porque no saben cómo funcionan las carcachas en que Zedillo, Fox y Calderón convirtieron las instalaciones de la empresa para adueñarse del negocio de la fibra óptica. Hasta ayer, las fallas eléctricas en toda la ciudad habían ocasionado pérdidas de al menos 3 mil millones de pesos.

Durante el mitin del pasado lunes en San Lázaro, el senador Ricardo Monreal dijo que la solución de este conflicto será política. Quizá sea verdad que la bancada del PRI está dividida y que algunos de sus integrantes formarán el grupo de 125 legisladores que se requiere para solicitar que la Suprema Corte derogue el decreto extinguidor. Pero todos sabemos que la Corte es un despacho de abogados al servicio de Los Pinos. Así que por ese camino las cosas no llegarán a ningún lado.

La única estrategia que puede tener éxito es la que plantearon los líderes sindicales el jueves en el Zócalo: una huelga general que obligue al gobierno a anular el decreto. Hay óptimas condiciones para ello. El golpe contra el SME sacó a la calle a obreros, campesinos, amas de casa, jubilados, desempleados, artistas y jóvenes, miles y miles de jóvenes, estudiantes o no. El nuevo movimiento social que nació antier contra Calderón puede extenderse por todo el país, si en los estados de la República las movilizaciones en apoyo al SME agregan otras demandas: abolición de la tarifa DAC y rechazo al proyecto económico que pretende aumentar los impuestos y reducir aun más el consumo de la población.

Calderón tiene un pie en el abismo: si su audacia provoca un apagón generalizado en la ciudad de México, si su tozudez conduce al pueblo a la huelga general, si los nuevos impuestos se traducen en saqueos de supermercados y farmacias, 2010 será el último año de su ilegítimo, destructivo y corrupto gobierno.

jamastu@gmail.com