o ha sido fácil para la Policía Comunitaria cumplir 14 años. Llegan a este aniversario con más de 30 órdenes de aprehensión en su contra y en medio de una campaña de hostigamiento institucional que no ha cesado desde que se hicieron presentes en la Costa Chica y la Montaña de Guerrero. Eran entonces unos cuantos pobladores que, cansados de los asaltos en los caminos, las violaciones a las mujeres, el robo de ganado y demás actos delictivos cometidos por gente de la región, muchas veces en complicidad con las autoridades locales y con elementos del Ejército, empezaron a organizarse para vigilar los caminos y hacer el trabajo que las policías local, estatal y federal se negaban a realizar.

De una incipiente organización comunitaria nació lo que luego se conocería como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, con presencia en estos momentos en 72 comunidades de 10 municipios mixtecos, tlapanecos y nahuas de la región, quienes los pasados 14 y 15 de octubre celebraron un año más de este proyecto autonómico.

Un tema de debate actual es si la Policía Comunitaria debe exigir el respeto o el reconocimiento gubernamental. Han sido casi tres lustros en los que se han mantenido al margen de las instituciones, recibiendo del Estado sólo amenazas y agresiones, junto con las ofertas de la institucionalización. La autogestión de proyectos productivos es otro reto que, sin duda, está relacionado con el debate anterior. ¿Cómo sobrevivir sin subsidios? En la Policía Comunitaria y en los pueblos que la sustentan está y estará la respuesta.

Por lo pronto, en la comunidad de Campamento General Enrique Rodríguez Cruz, en el municipio costero de Marquelia, se realizaron los festejos del 14 aniversario, al que asistieron, de acuerdo con un informe del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, organizaciones campesinas, indígenas, estudiantiles y sociales, quienes exigieron al gobierno de Guerrero que pare el hostigamiento y criminalización que ha emprendido en contra de la Policía Comunitaria

Durante la fiesta onomástica se condenó la retención ilegal de ocho policías comunitarios de la comunidad de Cocoyul, municipio de Malinaltepec, que se registró el miércoles 14 de octubre, en un retén militar que instalaron soldados del 40 Batallón de Infantería con sede en Cruz Grande, sobre la carretera Tlapa-Marquelia. Una prueba más del hostigamiento cotidiano contra los comunitarios.

Mesas de trabajo y un desfile de 600 policías comunitarios conformaron un festejo marcado por la detención arbitraria de sus compañeros, en un estado en el que la violencia ha llegado a los pueblos de la mano de la militarización.

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