Roma, 17 de octubre. Varias decenas de miles de personas se manifestaron hoy contra el racismo en el centro histórico de Roma y para denunciar, entre otros, el llamado delito de inmigración clandestina instaurado por el gobierno del primer ministro Silvio Berlusconi.

En la manifestación se veían carteles con la leyenda No al racismo y al delito de inmigración clandestina, Vete Berlusconi y Todos estamos en la misma balsa, en alusión a los indocumentados que llegan por mar desde África a las costas de Italia.

La manifestación partió acompañada con música y danza de la Plaza de la República, cerca de la estación central de trenes Termini, para dirigirse a continuación hacia el Foro Romano.

La protesta fue organizada para celebrar el 20 aniversario de la primera gran marcha contra el racismo, el 7 de octubre de 1989, cuando centenares de miles de personas salieron a las calles de Roma para protestar por la muerte de un inmigrante sudafricano, Jerry Essan Masslo.

Entre los iniciadores de la manifestación figuraban los partidos Izquierda y Libertad, y Comunista de los Trabajadores, así como organizaciones sindicales.

En Madrid, cerca de mil personas desfilaron para protestar contra la posible aprobación de la nueva ley de extranjería, en discusión en el Parlamento.

Los manifestantes, convocados por casi 70 asociaciones de apoyo a los inmigrantes, consideran que la legislación supone un grave retroceso en los derechos de los inmigrantes, 12 por ciento de los 46 millones de habitantes.

La marcha fue encabezada por un grupo de personas que portaban una enorme pancarta con el lema Paremos la reforma de la ley de extranjería; por el derecho a tener derechos.

La marcha denunciaba una reforma que supondrá un grave retroceso en los derechos de los inmigrantes que viven en España, y consolida una visión eminentemente policial de la gestión de las migraciones vinculando peligrosamente crisis con inmigración, según los convocantes.

La reforma de la Ley de Extranjería, aprobada en junio por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, prevé incrementar de 40 a 60 días el periodo de detención de inmigrantes ilegales antes de la expulsión a sus países de origen, reduce el concepto de reagrupación familiar al cónyuge y los descendientes y aplaza la de los padres hasta que éstos tengan 65 años de edad o existan razones humanitarias.