Ante la inaplazable necesidad de incrementar la recaudación de impuestos y adoptar políticas que protejan la salud de las personas, los legisladores deberían aprobar un gravamen de siete pesos por cajetilla de cigarros para 2010. Al año se obtendrían 15 mil 400 millones de pesos, cifra tres veces superior al costo que ha tenido la pandemia de influenza A/H1N1 en México, aseguró Rafael Camacho Solís, integrante de la Alianza contra el Tabaco (Acta).

Dijo que el impacto para la industria tabacalera sería mínimo, pues de una producción actual de 48 mil 900 millones de cigarros al año pasarían a 44 mil 10 millones. En cambio, se lograría desalentar en 10 por ciento el consumo de este tipo de productos dañinos para la salud.

En tanto, el investigador Ernesto Sebrié, del Instituto de Cáncer Roswell Park de Boston, Estados Unidos, aseguró que en los bares de la empresa Sanborns, donde dejó de aplicarse la restricción para fumar como lo marcan las leyes federal y local, los niveles de concentración de partículas contaminantes son superiores en mil 200 por ciento en relación con lo aceptado por la Agencia de Protección Ambiental de su país.

El especialista vino a México para participar en el segundo congreso de la Sociedad para la Investigación en Nicotina y Tabaco y la Fundación Interamericana del Corazón. Comentó que las partículas detectadas en los establecimientos propiedad del empresario Carlos Slim tienen un diámetro menor a 2.5 micras y son producidas por la combustión de las sustancias que contiene el tabaco. Al ser inhaladas profundamente pueden causar enfermedades graves, afirmó.

Hace unas semanas, el juez 14 de distrito en materia administrativa del Distrito Federal concedió a Sanborns la suspensión definitiva en su demanda de amparo en contra del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, por lo que mientras concluye el procedimiento jurídico la empresa está exenta de cumplir con el ordenamiento.

Sin embargo, advirtió el experto, en cuanto a los locales ubicados en la capital del país tendrían que respetar la ley local en la materia, la cual obliga a mantener los espacios públicos cerrados cien por ciento libres de humo.

Camacho Solís, también participante del congreso, señaló que la propuesta del presidente Felipe Calderón de aplicar un impuesto progresivo al tabaco, el cual llegaría a un nivel máximo de dos pesos en cuatro años, no tiene ningún valor como medida de salud pública. Si los diputados lo aprobaran se desperdiciaría una oportunidad recaudatoria.

De hecho, el proyecto exhibe el contubernio entre el gobierno y la industria tabacalera. Más bien tiene como fin proteger a ese sector e inhibir el incremento de precios hasta el año 2013, advirtió, para luego insistir en la propuesta de organizaciones civiles promotoras de la erradicación del tabaquismo en el país.

Comentó que el proyecto ya se presentó entre algunos diputados, sin que hasta ahora hayan mostrado un verdadero interés por atenderlo.