l Congreso deberá aprobar en los próximos días la Ley de Ingresos para 2010. Las filtraciones que hay sobre lo que se debate y se propone no indican que las medidas que se tomen alrededor de la propuesta presentada por Hacienda sean de trascendencia suficiente para empezar a resolver a fondo la situación fiscal del gobierno.
La crisis de las finanzas públicas es de naturaleza estructural y no sólo una condición de corto plazo derivada de la crisis económica actual. La base de la recaudación de impuestos está dañada en su médula. Los ingresos petroleros caen sin remedio, la tributación de ISR es sumamente baja y existen fugas de diverso tipo asociadas con los regímenes aplicables a las empresas y los beneficios a ciertos sectores.
Tanto en el caso de las empresas como en el los individuos las cargas se reparten de manera muy inequitativa. Los causantes cautivos no tienen escape y sólo una pequeña parte de la población aporta recursos y, en efecto, paga por los demás.
Se insiste mucho desde distintas posiciones en que los impuestos indirectos son más eficientes y generarían mayores ingresos fiscales. Pero deberían aplicarse sobre una base de recaudación de impuestos directos más grande y equitativa, sobre todo en una sociedad como ésta, con tan grande desigualdad en la distribución del ingreso y de la riqueza.
El asunto de los impuestos es de carácter conflictivo, pues expresa en primer término la cesión de recursos que los ciudadanos hacen a favor del Estado. Aquí la fricción surge cuando menos de dos fuentes. Una es la carga desigual en términos proporcionales que representan entre los grupos de la población. Otra comprende la eficacia de la contraprestación que se recibe en cuanto a la gestión de los recursos que se transfieren al gobierno y los servicios que éste presta.
Finalmente, como receptores de ingresos o poseedores de activos de distinto tipo, sea bajo la forma de personas físicas o morales
, o como sujetos de pago por las transacciones que realizamos, bajo la forma del IVA, o bien cuando pagamos derechos de distinto tipo, somos pagadores de impuestos (en inglés es más claro el término y por eso también la noción misma, se dice tax payers).
Una parte clave de las nociones económicas que sustentan las formulaciones teóricas y también la práctica de las políticas públicas dice que deben existir estímulos adecuados para inducir el comportamiento de los individuos en una sociedad. Desde esa perspectiva, el sistema tributario mexicano está plagado de estímulos negativos que alientan la evasión y la elusión de impuestos.
Además, la misma configuración social hace muy ineficiente la recaudación de impuestos, no sólo por el entramado de intereses que se imponen para pagar menos o incluso no pagar, sino por el aumento creciente del desempleo y la subocupación de la fuerza de trabajo y el aumento rápido y sin freno de la economía informal.
Deben añadirse, sin duda, los problemas de la agencia recaudadora, el Servicio de Administración Tributaria, junto con la abigarrada trama de exigencias para cumplir con las disposiciones fiscales. Todo el sistema está plagado de grandes costos de transacción que incitan al incumplimiento de las normas y provocan dificultades para cobrar.
La ley de ingresos que debe aprobarse puede marcar una diferencia en el estado de cosas prevaleciente, y sentar algunas bases para la transformación del régimen fiscal a largo plazo. Esta es una condición necesaria, aunque no suficiente, para recrear condiciones para un mayor y sostenido crecimiento de la economía, y reformar el funcionamiento del Estado en uno de sus aspectos más relevantes y base de la legitimidad.
No pueden hacerse muchas ilusiones al respecto. La cuestión fiscal es un asunto impostergable, pero debe complementarse con un efectivo cambio en otros terrenos. Entre ellos destaca la configuración de los mercados y su funcionamiento en cuanto a la eliminación de condiciones de tipo monopólico que provocan grandes distorsiones en la asignación de los recursos. La falta de competencia tiene también una expresión en el fisco y ha sido creada por los gobiernos y los legisladores durante muchos años.
Las redefiniciones que se requieren del conjunto de los estímulos positivos para que esta economía funcione en serio, o cuando menos algo mejor, tienen que considerar los conflictos que existen entre los intereses de individuos. Es ahí donde se advierte la fragilidad institucional del país que previene una reconciliación funcional de dichos intereses. Así, ciertos grupos logran hacer prevalecer sus posiciones y se sitúan por encima de los demás.
Mantener la inercia actual es posible pero muy costoso en todos los sentidos. Arreglar un problema de caja, como se ha hecho tantas veces antes, será irresponsable. Ver más allá de los intereses partidistas se ve poco probable. Un escenario muy negativo será encontrarnos en uno o tres años dando vueltas frente al mismo problema fiscal y las mismas distorsiones económicas.
