os argumentos del gobierno para extinguir a Luz y Fuerza del Centro (LFC) fueron sus pérdidas, improductividad, costo operativo-laboral, y deficiencias en el servicio. Analizar su validez no resulta fácil, pues toda la información fue borrada de Internet, sin embargo, datos de otras fuentes algo ayudan.

Situación financiera.- En el presupuesto de Origen y Aplicación de Recursos para LFC, Hacienda estableció a principios de este año que la empresa manejaría un total de 108 mil millones de pesos, de los cuales 47 mil serían ingresos propios, 42 mil subsidios del gobierno, 12 mil 500 por aumento de pasivos (se entiende que son préstamos del gobierno para previsiones de pensiones y jubilaciones), y 4 mil por aumento del capital (Gráfico 1).

Destaca por principio el hecho de que a LFC la obligan a comprar a la Comisi;on Federal de Electricidad (CFE) casi toda (90%) la electricidad que canaliza y debe hacerlo perdiendo: por sus ventas al público con tarifas que le fija el gobierno recibe 46 mil 600 millones de pesos, pero paga por la electricidad 59 mil 400 millones, esto es, tiene una pérdida operativa de 12 mil 800 millones al año sólo por este concepto.

En vez de atacar las causas del alto costo eléctrico, el gobierno ha optado por subsidiar a los usuarios. Estos subsidios costaron al erario 149 mil millones de pesos en 2008 (Gráfico 2), de los cuales 91 mil fueron vía CFE y 57 mil vía LFC.

En ese mismo año, LFC recibió por subsidios 42 mil 300 millones de pesos (Gráfico 3), es decir, casi 15 mil millones menos del subsidio que se le ordenó otorgar a los usuarios, cargándosele esta diferencia como pérdida. Si el gobierno decide otorgar subsidios debe rembolsarlos a las empresas en su totalidad y no obligarlas a cargar con parte del costo y menos aún para señalarlas dolosamente (como lo está haciendo con LFC) como ineficientes.

Costo y pasivo laboral.- En 2008 el costo por servicios personales en LFC ascendió a 11 mil 242 millones de pesos, total integrado por 4 mil 895 millones para sueldos y salarios, y 6 mil 347 millones para gastos de previsión social (prestaciones) (Gráfico 3).

Dividiendo los 4 mil 895 millones de pesos entre los 44 mil 167 trabajadores activos de LFC en 2008, tenemos que el salario promedio mensual total fue de 9 mil 237 pesos, en los cuales se incluye desde el salario promedio de los trabajadores sindicalizados (6 mil 600 pesos al mes) hasta los 242 mil pesos mensuales del director general.

Como se ve, los salarios del personal sindicalizado de LFC son de hecho modestos, incluso en una economía de salarios deprimidos como la nuestra, y la razón tiene que ver con la tradicional política de los grandes sindicatos de incidir más que en los salarios en la seguridad y la estabilidad de las prestaciones. Desaparecer esta estructura y querer liquidar a los trabajadores (aun generosamente) de acuerdo a su salario es claramente lesivo. El ahorro con la extinción sería ínfimo.

En el caso de las pensiones y jubilaciones (unas 25 mil), éstas representaron para LFC un costo de 10 mil 796 millones de pesos, cifra elevada ciertamente, pero la menor de las que pagan el resto de los organismos públicos (Gráfico 4) cuyo monto total ascendió a 254 mil millones el año pasado. El pago de estas pensiones no debe ser un préstamo (pasivo) a la empresa, sino un pago directo, ya que es obligación del gobierno que se ahorró crear reservas. Cambiar las reglas del juego debe ser, en todo caso, resultado de una negociación sensata.

Eficiencia y servicio.- LFC no es ciertamente modelo de eficiencia, atención y buen trato a los usuarios, y de ello son corresponsables empresa, personal de confianza y sindicalistas. Mejorar esto es por supuesto imperativo.

Comparar la eficiencia de LFC con la de CFE no es del todo correcto, pues sus ámbitos y recursos difieren en muchos aspectos; se anexan no obstante algunos indicadores (Gráfico 5). Las pérdidas por robo de energía, a pesar de su dificultad, tienen que abatirse.

Privatización.- La inversión física prevista para este año en la industria eléctrica es en cifras redondas de 78 mil millones de pesos, de los cuales el capital privado ejercerá 51 mil y la CFE 20 mil; a LFC sólo se le asignaron 6 mil 368 millones (Gráfico 6), totalmente insuficientes ante equipos con obsolescencia de décadas. Por lo demás, como se ve, la participación privada en el diseño, ejecución y financiamiento de los proyectos de inversión es ya absolutamente mayoritaria.

En la generación eléctrica, la privatización es, asimismo y en contra de la Constitución, rampante. Todavía en 2001 la generación privada representaba 7.9% del total y apenas excedía su autoconsumo; pero para 2008 ya representó 40.3% de la generación total, con sólo 12.6% para autoconsumo y 27.7% para venta a la CFE.

Para nada es pues descabellado pensar que la desaparición de LFC y su sindicato (firme defensor de la empresa pública) tiene como motivo y fin principal avanzar en la conversión del patrimonio público en negocio privado, incluyendo su valiosa red de fibra óptica.

Las justificaciones del decreto extinguidor son insostenibles. Con sus propias cifras, si LFC vende 46 mil 600 millones y el gobierno le compensara íntegramente el costo de los subsidios (57 mil 300), las pensiones (12 mil 400) y el diferencial precio-venta con CFE (unos 12 mil 800), los ingresos de la empresa sería de 129 mil millones, cifra que contra egresos de 108 mil dejarían una utilidad para inversión de 21 mil millones. La situación deficitaria de la empresa es pues inducida, creada y magnificada por el propio gobierno casi en todos los órdenes, y la responsabilidad de los trabajadores es en todo caso marginal.

Los sofismas, las verdades a medias y las falsedades no ayudan y sólo complican al país.

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