De no cumplir sería juzgado por la corte interamericana, advierte el ministro Silva Meza
Debe garantizar que no se repitan los hechos que dieron lugar a la violación de garantías, dice
Lunes 19 de octubre de 2009, p. 15
Una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, es responsable de violación grave de las garantías individuales, el Estado mexicano está obligado a reparar el daño ocasionado, sostiene el ministro Juan N. Silva Meza.
En su voto particular, que formará parte del dictamen final de la investigación que realizó el máximo tribunal sobre la situación que prevaleció en esa entidad de mayo de 2006 a octubre de 2007, Silva Meza precisa que el gobierno mexicano ha asumido compromisos internacionales en la materia, entre ellos: castigo penal a los responsables, indemnización económica a las víctimas y sus familiares, restitución del bien dañado y el derecho de la ciudadanía a conocer la verdad.
En este caso, indica el texto, el Estado debe garantizar que no se repitan los hechos que dieron lugar a la violación de garantías, por medio de acciones como la implementación de políticas públicas y la aprobación de leyes.
Además, de acuerdo con el ministro, cualquier ciudadano
que se sienta agraviado por la violación de garantías en que incurrió el gobernador oaxaqueño puede acudir a una instancia internacional, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para exigir al Estado mexicano que cumpla con la reparación del daño a que tenga derecho.
De no haber respuesta positiva de las autoridades mexicanas, el país sería juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no honrar los compromisos contraídos.
Silva Meza sostiene que la facultad prevista en el artículo 97 constitucional para que la SCJN investigue la violación grave de garantías permite al Estado mexicano cumplir con el derecho de las víctimas a conocer la verdad. En el caso de Oaxaca, indica, la Corte dejó en claro que en Oaxaca se violaron los derechos a la vida (con la muerte de 12 personas, sin que se haya consignado a los responsables) y a la integridad corporal (con decenas de heridos en los operativos policiacos realizados por fuerzas federales y locales).
También se violó la libertad de tránsito y los derechos al trabajo, a la libre expresión, a la educación, a la propiedad y posesión y a la paz.
También fue claro el pleno en que Ruiz fue omiso en cumplir con su obligación de hacer prevalecer la paz social en la entidad, y permitió el uso excesivo de la fuerza pública para reprimir la inconformidad social.
A diferencia del caso Atenco, en el que la Corte también determinó que hubo violación grave de garantías, en la resolución sobre Oaxaca el pleno sí responsabilizó directamente de los hechos al gobernador de la entidad, lo que obliga al Estado mexicano a no dejar impune la violación citada y actuar en consecuencia, precisa el texto de Silva Meza.
