Tegucigalpa, 19 de octubre. El gobierno de facto de Honduras endureció las críticas contra el presidente constitucional Manuel Zelaya, al acusarlo de promover la insurrección, mientras sus negociadores trataban de llegar a un acuerdo para superar la crisis política, que cada vez se ve más lejano.

En un nuevo capítulo desde que a finales de junio un golpe de Estado sacó a Zelaya del poder a punta de pistola, el gobierno del golpista Roberto Micheletti condenó la petición del mandatario de pedir sanciones contra el país y dijo que la postura lastimaba las negociaciones.

Con el reloj corriendo para los comicios presidenciales de noviembre, ambas partes coinciden en que han hecho avances sustanciales en las negociaciones, pero mantienen posturas distantes sobre el crucial punto de la restitución de Zelaya.

Sin embargo, el gobierno de facto criticó la actitud de Zelaya de llamar el fin de semana a sus simpatizantes a no bajar la guardia y a la Organización de Estados Americanos (OEA) a endurecer las medidas contra el régimen, mientras líderes izquierdistas de América Latina y el Caribe, agrupados en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), pidieron más sanciones económicas contra Micheletti.

Esta conducta es a todas luces incongruente dentro del contexto de lo acordado en la mesa de diálogo y contradice la petición de la OEA como facilitador del mismo, sostuvo el régimen golpista en un comunicado difundido mientras las delegaciones estaban reunidas para zanjar diferencias.

En un gesto de mayor flexibilidad, el gobierno de facto publicó este lunes un decreto que revoca las restricciones a las libertades de prensa, asociación y circulación, decisión que ya había sido anunciada a principios de octubre pero no se había concretado.

Negociadores de Zelaya rechazaron el viernes la propuesta de Micheletti de que la Suprema Corte decida sobre el regreso al poder del gobernante expulsado, e insistieron en que el Congreso tome la decisión y se consulte a la Corte si es necesario.

Nosotros no vamos a sentarnos a la mesa con ellos hasta que analicemos esta nueva propuesta. El día de hoy creo que podemos definir algunas cosas, señaló Mayra Mejía, integrante del equipo negociador de Zelaya, poco antes de que comenzaran las negociaciones este lunes.

Micheletti ha dicho que Zelaya debe rendir cuentas ante la justicia por violar la Constitución con un intento de realizar una consulta para ver si se lograba convocar a una asamblea constituyente, lo que hubiera allanado el camino para la relección presidencial. Por eso asegura que la Suprema Corte tiene que decidir si se le restituye en el cargo.

Zelaya fue sacado del poder y expulsado a Costa Rica. Pero regresó de manera clandestina al país hace varias semanas y se refugió en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, que desde entonces está rodeada de militares y policías con órdenes de arrestarlo.

Zelaya ha calificado de burla la propuesta de Micheletti para zanjar la crisis.

Pero la publicación del decreto que anula las medidas impuestas a finales de septiembre –que sirvieron al gobierno golpista para detener protestas de partidarios de Zelaya– y la reanudación de operaciones de medios, Radio Globo y el canal 36, que habían sido cerrados, podrían poner a Zelaya en mejor disposición.

A unos metros del hotel donde los negociadores intentaban acercar más sus posturas, unos 50 zelayistas se reunieron para insistir en la restitución de su presidente, ante la vigilancia de policías desde la acera de enfrente.

Yo creo que hay que tener esperanzas, pero pienso que Micheletti sólo quiere ganar tiempo, afirmó el médico Arnaldo Pagoada, un seguidor de Zelaya que participó en la protesta.

Mientras los negociadores tratan de llegar a una solución, se acercan las cruciales elecciones presidenciales del 29 de noviembre, convocadas antes del golpe de Estado, y la apuesta del mandatario de facto para pasar la página de la crisis.

Pero casi toda la comunidad internacional ha dicho que no reconocerá al ganador de la contienda mientras Zelaya no sea restituido.

Tras la destitución de Zelaya, la OEA y organismos financieros internacionales cancelaron ayuda económica importante para la nación centroamericana, una de las más pobres de la región.