os sigue sorprendiendo que el actual gobierno prescinda en forma tan clara de las consideraciones políticas, más allá del aprovechamiento de anestesias colectivas de matriz futbolera; que sus personeros mientan con tal desenfado; que las medidas oficiales resulten tan manifiestamente contrarias a la decencia, cuando no tan violatorias de la legalidad; que no exista, o no parezca existir en el quehacer de la administración pública, la menor consideración para con los integrantes de los habitantes de México en cualquiera de sus dimensiones: como consumidores, como causantes, como ciudadanos, como derechohabientes...

La extinción de Luz y Fuerza del Centro es emblemática de esta conducta a contrapelo del interés nacional y de la suma –que no es lo mismo– de los intereses particulares: la ofensiva contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que culminó con el sabadazo felipero del 10 de octubre, lanza a las calles, en tiempos de crisis, a más de 40 mil nuevos desempleados; provoca pérdidas enormes a la economía del centro del país (botón de muestra: 758 fábricas con apagones de hasta 11 horas), obliga a incurrir en gastos extraordinarios y no previstos (desde las liquidaciones hasta las movilizaciones policiales y militares, pasando por la guerra oficial de espots y desplegados), instala un nuevo foco de tensión social y política en un escenario nacional ya sobrado de ellos, subraya las alianzas facciosas del calderonato con la parte más nauseabunda del sindicalismo charro (las cúpulas del SNTE y de los petroleros), saca a la luz algunos de los planes de negocio de la oligarquía gobernante en el sector eléctrico y somete al régimen al riesgo de una nueva derrota, como la que sufrió el año pasado su embuste de las aguas profundas como coartada privatizadora de la industria petrolera.

Sin embargo, contra viento y marea, sin apiadarse ni de sus propias posibilidades de supervivencia política ni de la realidad en general, el calderonato ha cumplido a rajatabla con el designio liquidador de la empresa y del sindicato, designio que la omertá político-empresarial y mediática viene cocinando desde hace cuando menos una década, si no es que desde hace dos, en una apuesta cuya relevancia rebasa, con mucho, los vacilantes estados de ánimo del gobernante en turno y los enjuages corruptos que se desarrollan en su círculo más cercano. El golpe no sólo ha causado rabia y respuestas críticas en la sociedad, sino también gran desconcierto porque, lejos de ser una muestra de solidez y fuerza institucional, constituye una expresión de debilidad: este régimen, en vez de hacer política, produce televisión; García Luna, secretario de la fuerza militar travestida de civil, es mucho más importante para su jefe formal que Gómez Mont, quien, como puede verse si se analiza con cuidado, se ha quedado con menos materia de trabajo que los electricistas del centro de la República.

La tendencia a gobernar a punta de situaciones de hecho resulta mucho más entendible si uno se toma la molestia de recordar que el gobierno actual es, él mismo, un poder fáctico, surgido del fraude electoral de 2006, de un asalto a las instituciones perpetrado en ese año y no muy diferente –aquí también tuvieron a los tribunales supremos y al Congreso– al que realizaron en Honduras, tres años más tarde, Micheletti y su banda. Esta administración desprecia el sentir ciudadano porque éste lo más que logra es manifestarse en votos y los votos salen sobrando, o mejor dicho no se contabilizan como Dios manda: el sufragio no obliga a la rendición de cuentas; es, a lo sumo, un mecanismo de ajuste de cuentas entre las diversas fracciones partidistas que conforman la mafia en el poder. En su lógica, las tendencias electorales no las configuran las necesidades y los intereses de la ciudadanía, ni inciden en ellas (y si inciden, no importa) los aciertos o los extravíos de los políticos: la tele se encargará en el momento preciso, y si no ahí estarán los pefepos para reforzar el mensaje. A quienes mantienen secuestradas las instituciones, la política les sobra y les estorba: lo de ellos es el bombardeo mediático, el amago policial-militar y la corrupción y la compra de voluntades –el colmo: ahora Lozano Alarcón remplaza sus tradicionales ladridos por una voz meliflua de vendedor de cursos de inglés y computación para premiar el sometimiento (más bien hipotético) de los trabajadores electricistas.

En el momento actual, el poder del gobierno parece institucional y hasta constitucional, pero es fáctico.

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