La decisión del presidente Felipe Calderón de decretar la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) contravino la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, y pasó por alto, sin explicación alguna, los contratos firmados por el propio gobierno, afirman en un documento intelectuales agrupados en un comité.

Preguntan ¿por qué no se declaró, si tal era el caso, la situación de emergencia que hubiese permitido al régimen hacer a un lado la legislación expresa? ¿Qué significan las leyes para el gobierno federal?

En el documento titulado Cuatro preguntas al gobierno federal y un punto de vista, el comité señala que, si bien no desconoce los graves problemas de la paraestatal, atribuirle al sindicato decisiones que han sido del gobierno federal es un pobre escamoteo de la realidad.

Expresan que los firmantes no pretenden eludir la parte significativa correspondiente a los sindicalizados, pero subrayan que la crisis de la empresa se deriva, sobre todo, de la política de desmantelamiento sostenida durante 15 años por las administraciones sucesivas.

“En ese tiempo y sin justificación alguna –puntualizan– no se ha invertido nada en la modernización del equipo y su mantenimiento; se ha empeorado el servicio y encarecido para todos los usuarios (no favorecidos). Y se ha concesionado, sin explicaciones, la fibra óptica de LFC a una empresa encabezada por dos ex secretarios de Energía panistas, se trata de un extraordinario negocio que en el país puede alcanzar ganancias por 6 mil millones de dólares anuales”.

Entre otras interrogantes formuladas por los intelectuales al gobierno federal, plantean: ¿Qué entiende el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, por dialogar (Primero liquídense y luego vemos)? ¿Por qué un gobierno no puede negociar sino sólo conversar? ¿Todas las decisiones están tomadas de antemano y el papel de los partidos de oposición, los sectores de la sociedad civil o los sindicatos es confirmar esas decisiones?

Continúan con las siguientes: ¿cómo se justifican afirmaciones como la del presidente Calderón de culpar al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) de la pérdida de cien mil empleos?, ¿de dónde obtuvo la cifra?, ¿o ese dato le permite presumir una conciencia tranquila después de dejar sin empleo a 50 mil electricistas?

Para los 23 signantes del documento, la actual campaña contra el sindicalismo, sin duda una zona donde abunda la corrupción institucionalizada (SNTE, petroleros, ferrocarrileros, CTM), se está transformando en una campaña contra la idea misma de la existencia de sindicatos y derechos laborales.

Señalan que el secretario del Trabajo, Javier Lozano, “habló de analizar ‘el costo-beneficio de cada sindicato’, ¿para el gobierno, para la empresa o para los trabajadores? En cambio, defendió al sindicalismo bueno y criticó al sindicalismo malo y no se tomó la molestia de definirlos. ¿Qué merece el sindicalismo bueno (SNTE, petroleros, ferrocarrileros, CTM) y por qué se elogia tanto a sí mismo al reprimir al sindicalismo malo?

Los intelectuales que firman el documento son: Marco Antonio Campos, Rolando Cordera, Arnaldo Córdova, Laura Esquivel, Bolívar Echeverría, Víctor Flores Olea, Luis Javier Garrido, Héctor Díaz Polanco, Antonio Gershenson, Hugo Gutiérrez Vega, Luis Linares Zapata, Guadalupe Loaeza, Roberto Morales, Carlos Monsiváis, Jorge Eduardo Navarrete, Carlos Payán, Carlos Pellicer López, José María Pérez Gay, Sergio Pitol, Ida Rodríguez Prampolini, Carlos Tello, Víctor Manuel Toledo y Héctor Vasconcelos.