El abogado Raúl Carrancá y Rivas planteó ayer ante el pleno de la asamblea general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que si se demuestra legalmente que el presidente Felipe Calderón violó la Constitución al emitir el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), se haría acreedor a responsabilidades jurídicas y hasta a un juicio político.

El equipo jurídico que defenderá legalmente al SME está conformado por Carrancá y Rivas, maestro emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, y por los abogados laboristas Néstor de Buen y Carlos de Buen, quienes explicaron ayer en este pleno el proceso legal, e informaron que los primeros amparos para impugnar el decreto presidencial se presentarán la próxima semana, una vez que se termine de recabar documentación y firmas de los trabajadores.

Puntualizaron que no se requiere un número determinado de firmas de sindicalizados para presentar los amparos, e hicieron hincapié en que son múltiples las violaciones cometidas contra los trabajadores, ya que se pasó por encima de la Constitución y de la Ley Federal del Trabajo (LFT) en el propósito de liquidar la empresa y el contrato colectivo de trabajo.

Carrancá hizo una amplia exposición de los fundamentos del amparo que se presentará y que, entre otros objetivos legales, buscará demostrar que el decreto de liquidación de la empresa careció de motivación y fundamentación, además de que el Ejecutivo pasó ofensivamente por alto al Congreso de la Unión, ya que nunca sometió esta decisión al análisis y decisión del Poder Legislativo, cuando debía hacerlo, por lo cual violentó el artículo 73 de la Carta Magna.

Entrevistado antes de la sesión, el abogado destacó que el decreto calderonista tiene deficiencias jurídicas de origen, porque no se contempló la desaparición inmediata del centro de trabajo, lo cual constituye una causal para impugnar la resolución presidencial ante los tribunales federales, e incluso para obtener una suspensión en vía de amparo.

Hasta hoy siguen operando las instalaciones de Luz y Fuerza. No hubo, pues, una extinción definitiva de la empresa ni se requisó el centro laboral de los trabajadores afectados, por lo que de ninguna manera se puede hablar de que con la promulgación del decreto se haya dado paso a un hecho consumado. No hay tal hecho: el organismo sigue operando, luego entonces procede la protección de la justicia federal, expuso.

A su vez, el experto en temas laborales Néstor de Buen sostuvo que el amparo se tiene que presentar en 15 días hábiles, y aunque hay una jurisprudencia que señala que se tienen hasta 30 días para hacerlo, no queremos llegar a este límite, sino a más tardar en el curso de la semana que viene.

Señaló que los amparos laborales se fundamentarán en que la LFT establece claramente que en un proceso de extinción o cierre de una empresa se lleva a cabo un juicio en el que deben participar precisamente la parte patronal y los trabajadores; se tiene que probar la fuerza mayor y tiene que haber una resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, todo lo cual se violó, entre muchos otras disposiciones que enumeró.

Carlos de Buen adelantó que se prepara una demanda del sindicato para defender sus derechos, y varias individuales de los trabajadores activos y jubilados. Esto es porque también están en riesgo los derechos adquiridos de los jubilados y no hay nada que indique que no resultarán afectados en sus pensiones.

Antes de la asamblea, otro miembro del grupo de abogados que asesora al SME, Manuel Fuentes Muñiz, señaló que también se presentará una demanda ante la Procuraduría General de la República contra todos los que firmaron el decreto presidencial y quien resulte responsable de lo que se derive de este acto.

La demanda comprenderá desde las violaciones cometidas contra los trabajadores al momento de la toma de las instalaciones de LFC, hasta violaciones a la Ley Federal del Trabajo y la discrecionalidad manifiesta en las ofertas de liquidación para los trabajadores, que violan disposiciones del Código Penal Federal y la Ley Federal de Administración de Servicios Públicos.

Incluso, el próximo jueves un grupo de abogados que apoya al SME acudirá a la Cámara de Diputados a entregar un documento en el que se exige a los legisladores se promueva la controversia constitucional contra el referido decreto.