El gobierno federal ya metió a empresas contratistas, como CEBSA, Proton, Electrofor y Central Eléctrica de Huatuxco, para atender las urgencias de apagones y caídas de subestaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC), las cuales utilizan equipo, herramientas, material y hasta vehículos de la empresa, manifestó Martín Esparza Flores, dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Sostuvo que está fuera de toda legalidad el llamado que hizo ayer el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes a los trabajadores del SME para que entreguen equipo y herramientas de la empresa, ya que “cuando las fuerzas policiacas tomaron las instalaciones y los sindicalizados fueron sacados a empellones y con violencia, no se levantó ningún inventario, nadie dio fe de lo que había; eso no les importó”.

Insistió en que las autoridades ya metieron empresas privadas a dar servicio y son las que están usando los insumos de LFC.

Esparza Flores comentó que debido a la prisa que tenía el gobierno federal por acabar con esta fuente de empleo no se cuidó la legalidad del proceso: todo se hizo al revés, no se levantó un inventario de bienes, tampoco hubo ningún procedimiento administrativo en el desalojo.

Aseveró que los contratistas de que ha echado mano el gobierno federal son empresas patito, e incluso una de ellas realizaba servicios de poda de árboles cuando se iba a hacer una instalación eléctrica, lo que prueba que no están interesados en la productividad, sino en LFC.

El dirigente dijo que la dirección del organismo descentralizado no quiso tocar a las grandes empresas que deben el consumo de energía eléctrica y acumulan cuentas millonarias, las cuales firman convenios para reducir sus adeudos y tienen facilidades para pagar poco a poco.

Entre las empresas que están en esa situación mencionó a American Express, Comercial Mexicana, Bimbo, sucursales de Aurrerá, Casas Geo, Ara, Urbi y Beta, que tienen adeudos con LFC y, bajo el régimen de cuentas especiales, en total suman una cartera vencida de más de 6 mil millones de pesos.

A estas empresas y muchas otras, aun cuando sus adeudos son enormes, no se les podía cortar la luz por instrucciones de LFC. Incluso, algunas firmas, como Casas Geo, tienen complejos habitacionales con varios años de haber sido construidos que nunca han pagado un peso de energía eléctrica por acuerdos con la compañía, y debemos dejar en claro que estas decisiones administrativas y comerciales no las tomaban los trabajadores, sino las administraciones, las cuales no quieren asumir sus responsabilidades, apuntó.

Acera de las declaraciones de su opositor Alejandro Muñoz, respecto de que su corriente buscará el diálogo con la Secretaría de Gobernación, señaló que la asamblea del martes pasado ratificó que el único interlocutor válido ante las autoridades es el comité central que encabeza Esparza.

Muñoz puede reunirse con quien quiera, agregó, pero a título personal. No tiene la representación del sindicato.

Sostuvo que el nuevo rompimiento con el tesorero de la organización sindical se dio por los propios intereses que representa del gobierno, y señaló que ayer mismo Muñoz acudió a la Secretaría del Trabajo, sin mandato del SME, a tratar asuntos de los que no informa a los agremiados.

Esparza declaró que todo el proceso de extinción de LFC se ha desarrollado de manera ilegal, porque primero se está finiquitando a los trabajadores y hasta el próximo 30 de octubre la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declarará la terminación de las relaciones laborales, por lo que los electricistas realizarán un mitin en esa instancia para demandar la recuperación de su empleo.

Para este jueves se espera que los electricistas realicen una movilización en la Cámara de Diputados, en el contexto de la comparecencia del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón.