En México la condición laica del Estado está severamente amenazada pues en varias entidades se han aprobado reformas basadas más en intereses de grupos religiosos que en el interés ciudadano, aseveraron defensores de derechos humanos y especialistas en el tema. Agregaron que en ese atentado participa la clase política nacional.

Durante la mesa de discusión El Estado laico y la garantía universal de los derechos humanos, que formó parte de las celebraciones por el 25 aniversario del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria (CDHFV), los participantes sostuvieron que ante la falta de legitimidad frente a la ciudadanía, los gobernantes ahora la buscan con la jerarquía religiosa.

Un ejemplo, indicaron, son las recientes descalificaciones contra Emilio Álvarez Icaza, ex titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, quien fue criticado por la jerarquía católica porque defendió el derecho de la mujer a elegir sobre su sexualidad y su cuerpo.

Agregaron que “pese a que es el único de los aspirantes a ombudsman nacional que confesó públicamente ser católico, actuó como hombre de Estado al respetar y apoyar la decisión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y posteriormente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la despenalización del aborto en la capital”.

Miguel Concha Malo, director del CDHFV, indicó que el laicismo es un tema central para la defensa y promoción de los derechos humanos. Es una condición para el reconocimiento, respeto, protección, promoción y cumplimiento de las garantías fundamentales. El Estado laico por sí mismo es un derecho humano.

El sacerdote dominico aseveró que en 16 entidades del país se aprobaron reformas que otorgan derechos al cigoto desde el momento de la fecundación –modificaciones que contradicen la resolución de la Suprema Corte, que declaró constitucional la despenalización del aborto en el Distrito Federal–, que se presentaron porque hay un retroceso, hasta antes de la instauración de las repúblicas, en la condición de Estado laico.

Indicó que cuando se garantiza un verdadero Estado laico no existen privilegios para nadie y en realidad existe igualdad ante la ley para todos los ciudadanos. En el debate sobre laicismo la Iglesia debe dialogar y defender sus posiciones; sin embargo, no puede pretender que éstas se conviertan en razones de la política de Estado, pues el Estado es de todos.

Recordó que antes de las elecciones de 2006 varias organizaciones de la sociedad civil invitaron a los aspirantes a la Presidencia y al Congreso a diversos encuentros (a los que no astieron Feliepe Calderón ni Roberto Madrazo) en los que se expusieron, entre otros temas, la necesidad de establecer en la Constitución que México es un Estado laico, lo que hasta ahora los representantes populares no han cumplido.

Bernardo Barranco, especialista en sociología de la religión, aseveró que en el contexto del laicismo, es la ciudadanía la que da legitimidad a los gobernantes y no el poder divino representado por las religiones; sin embargo, con el ascenso del PAN al gobierno, sobre todo en este sexenio, se ha atentado contra el Estado laico.

Señaló que con la aprobación de leyes antiabortistas en prácticamente la mitad del territorio nacional la Iglesia mostró su músculo, la ultraderecha su capacidad de negociación, el PRI su pragmatismo y la izquierda su falta de reacción.