Ciudad Juárez, Chih., 24 de octubre. Por unanimidad, los regidores de Ciudad Juárez acordaron dar por concluida la presencia del Ejército Mexicano el próximo 15 de noviembre, cuando termina el segundo convenio firmado con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya que, argumentaron, sus resultados son muy pobres y el costo económico que paga el municipio, muy alto.

De este modo se da por hecho que el cabildo no aprobará la propuesta anunciada esta semana por el presidente municipal, el priísta José Reyes Ferriz, para que el convenio sea renovado y que las tropas permanezcan en la ciudad hasta marzo, señaló Gustavo Muñoz Hepo, de la fracción panista, la segunda en número de regidores.

Antes de él, Leopoldo Canizales, de la fracción mayoritaria priísta, dijo que un estudio sobre costos y resultados del Ejército en nada favorece a los militares, pues no se han alcanzado los resultados que se esperaban porque la delincuencia, los homicidios, secuestros, extorsiones, robos de autos y otros delitos siguen creciendo.

Ambos coincidieron en que en los ocho meses que miembros del Ejército llevan patrullando la ciudad, el gobierno municipal ha erogado más de 14.5 millones de pesos, además de otros gastos que no han sido contabilizados.

El hecho de que esta semana se haya rebasado la cantidad de 2 mil ejecuciones muestra claramente que no es ese el resultado que se esperaba del Operativo Conjunto y cada quien debe ir por su lado, más ahora que la localidad cuenta con una corporación policiaca de más de 3 mil efectivos.

Javier González Mocken, titular del módulo de Recepción de Quejas del Operativo Conjunto Juárez, informó que desde enero de 2008 se han recibido más de mil quejas contra soldados y policías federales. La mayoría de las acusaciones son por daños a propiedades y lesiones, especificó.

Afirmó que el Ejército reconoció que incurrió en excesos en al menos 732 casos, que ha cubierto el pago de los daños e incluso acude con los afectados a ofrecer una disculpa. Se tienen 78 denuncias sin resolver porque se trata de daños a propiedades y lesiones por casos de tortura que han sido puestos en conocimiento de la Procuraduría General de la República e incautaciones provisionales que hace el Ejército de objetos o vehículos en los que algunos sí se han devuelto y otros no.

González Mocken expuso que han notado que las denuncias aumentan cuando hay cambio de soldados, pues los nuevos que llegan a la ciudad no están acostumbrados a convivir con la ciudadanía y realizan acciones fuera de la ley, como cateos sin autorización.

Adicionalmente, Gustavo de la Rosa, visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, recabó unas 200 denuncias de abusos del Ejército antes de buscar refugio en el Paso, Texas, tras recibir amenazas.