En el país, la constante denuncia de violaciones a los derechos humanos de los migrantes ha colocado a los defensores en un riesgo permanente, que comprende hostigamientos y amenazas y la criminalización de sus actividades, así como la deslegitimación del apoyo humanitario, denunciaron organizaciones no gubernamentales.

Exigimos que el Estado mexicano se comprometa a garantizar la vida, la integridad y la seguridad de los colaboradores de las distintas organizaciones de derechos humanos e investigue los hechos ocurridos en su contra para evitar la impunidad.

Asimismo, demandaron que se garanticen condiciones de seguridad e integridad a la continuidad del trabajo humanitario y de defensoría de Belén Posada del Migrante, Frontera con Justicia y Humanidad sin Fronteras, que operan en Saltillo, Coahuila.

En el cierre del segundo encuentro de defensores de migrantes, las agrupaciones exigieron el desarrollo de una política integral en la materia, acorde con los instrumentos internacionales de derechos humanos, y que el Estado mexicano garantice la integridad física y sicológica, así como la seguridad y acceso a la justicia de los indocumentados en tránsito por el país.

Los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Fray Juan de Larios, albergues de migrantes y Grupo 26 de Amnistía, entre otros, alertaron que a pesar de la constante denuncia de organismos defensores de las garantías individuales, el secuestro de migrantes en el país continúa aumentando en número de víctimas, grado de violencia y lugares en que se lleva a cabo.

Axel García, de Pastoral de Movilidad Humana, precisó que de acuerdo con datos oficiales –recabados con reportes de algunos de los 54 albergues del país–, al cierre del primer semestre del año, 2 mil 287 indocumentados fueron agredidos. Sin embargo –dijo–, la cifra negra es mayor.

En conferencia de prensa, Alberto Xicoténcatl, de posada “ Belén, y Sandra Albicker, de Humanidad sin Fronteras, señalaron que la política migratoria carece de enfoque de género, situación que desemboca en más vulnerabilidad y propicia la permanencia de delitos como la trata de personas –con fines sexuales o de explotación laboral–, violaciones y abusos contra mujeres migrantes en tránsito.

Por carecer de una política con un enfoque que garantice el interés superior de las mujeres, los niños y las niñas, existe continuidad en prácticas violatorias de los derechos humanos, apuntaron.