Hace más de año y medio el Congreso de la Unión está en falta por retrasar la reforma a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), y por soslayar la aprobación de normas en materia de datos personales y de archivos, sostiene la comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Jacqueline Peschard.

En entrevista, la víspera del inicio de la sexta Semana Nacional de Transparencia, a la que acuden expertos en la materia del continente, Peschard analiza la evolución en México de ese nuevo derecho incorporado a las garantías individuales.

Precisa: la LFTAIP pasa la evaluación con estrellita. Ha sido, incluso, modelo para elaborar las leyes correspondientes de Chile, Honduras y otras naciones.

Sin embargo, resulta paradójico que los propios legisladores no rindan cuentas y sean los que tengan que legislar en la materia, además de ser el último de los tres poderes que aún no incorpora el sistema electrónico de solicitudes de información, denominado Infomex.

Aunado a ello, observa que tras la reforma al artículo sexto constitucional –que obliga a los gobiernos federal y locales a ejercer la máxima publicidad– se dio un efecto contrario a la transparencia en varios estados de la República, por una reacción de temor.

A unos días de que inicie el diagnóstico de cómo ha avanzado el acceso a la información y la rendición de cuentas en la región, este próximo martes, Peschard refiere que la LFTAIP es ágil, clara en la descripción de lo que se entiende por documentos. Existe además el IFAI, órgano administrativo independiente que obliga a 250 dependencias y entidades del gobierno federal a rendir cuentas.

Sin embargo, requiere de una reformulación más a fondo para obtener mejoras en procedimientos, como la prueba del daño –aplica en la clasificación de información sensible o en materia de seguridad nacional–, el interés público de la información y la mejora de la gestión documental.

Esta última tiene que ver con la obligación de los funcionarios, según sus atribuciones, a generar documentos sobre sus acciones y decisiones en materia de gestión pública.

Jacqueline Peschard, comisionada presidenta del IFAI, se alista para la sexta Semana Nacional de TransparenciaFoto Carlos Ramos Mamahua

Sobre este asunto, Peschard pondera la relevancia de establecer esa obligación en la ley, para así reducir las declaratorias de inexistencia de documentos.

“Es importante que la reforma a la ley establezca que una entidad tenga entre sus facultades la elaboración de un documento. No puede decir: no lo tengo. Por ejemplo, es parte del ejercicio de la transparencia que las reuniones de un consejo (como el de administración de Petróleos Mexicanos o de cualquier otra entidad) se documenten”.

Esa tarea, dice, está también vinculada a la construcción de una cultura de la transparencia para concientizar a los servidores públicos de que el acceso a la información coadyuva a una mejor gestión pública, y acabar con la idea de que la ley les ha traído mayores complicaciones. De ahí que el IFAI, de manera permanente, se acerque a los funcionarios federales para impartir programas de capacitación.

En lo relativo a la gestión documental, Peschard sostiene que México tiene un atraso muy fuerte, debido a que no tenemos una ley de archivos. Ese rezago, sostiene, tiene que ver con nuestra historia de 70 años de hegemonía de un partido político (PRI), en donde nadie siquiera aspiraba a tener la información. Tenemos poco tiempo de estar en esta situación de democracia.

De hecho, señala que no tenemos siquiera las herramientas más adecuadas para los archivos históricos. Ni cabales instrumentos para la preservación de la información, que es la memoria de nuestro país.

De los temas que se abordarán en la sexta Semana Nacional de Transparencia, sobresalen: la evolución de las leyes respectivas en América Latina; los límites de la seguridad nacional, la protección de datos personales, los expedientes médicos.

Asistirán al encuentro relatores especiales para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.