Contrariamente a la perspectiva de la Secretaría Gobernación, para la cual la expedición de la cédula de identidad tendría un efecto mínimo en la actualización del padrón electoral, el Instituto Federal Electoral (IFE) maneja escenarios en los que el impacto podría ser alarmante en el instrumento básico de los comicios. Un nuevo estudio del instituto refleja que en un extremo los empadronados bajarían de 76.9 a 68.4 por ciento.

Para el consejero electoral Francisco Guerrero el tema es un asunto de seguridad nacional, porque la participación ciudadana –que sería desalentada por el proyecto del gobierno federal– es fuente de legitimidad en la elección de autoridades. No quisiéramos el escenario en el cual, si los ciudadanos tienen la cédula de identidad obligatoria, ya no obtuvieran su credencial de elector y eso se reflejara en las urnas.

Aunque las pláticas entre Gobernación y el IFE han seguido a escala técnica –el Registro Nacional de Población y el Registro Federal de Electores (RFE)–, es claro que las diferencias conceptuales se mantienen. En el IFE hay un sector importante de consejeros que advierte que los 2 mil millones de dólares que el Estado mexicano ha invertido en preservar el padrón como instrumento fundamental no puede ser tirado por la borda para dar paso a un proyecto con ventajas y desventajas.

Es cierto –sostuvo Guerrero– que la cédula de identidad que impulsa la Secretaría de Gobernación se basa en un mandato legal, pero éste ya es muy viejo y tendría que revisarse”. Subrayó que el padrón electoral se ha construido en los pasados 19 años y es ya un instrumento de la transición electoral consolidado y acreditado socialmente, en tanto que la cédula de identidad no deja de ser sólo un proyecto.

El estudio elaborado por el RFE relata expresamente la historia de la construcción del padrón electoral y los condicionantes legales de su existencia hasta que sea creado el Registro Nacional de Ciudadanos, según lo estipula la legislación vigente.

Los análisis del IFE prevén que el proyecto gubernamental se concretaría entre enero de 2010 y el 30 de noviembre de 2012. Sin embargo, las previsiones de Gobernación pretenden arrancar la emisión de las primeras cédulas de identidad el próximo mes, anticipando un inicio lento en la distribución, para unos meses después tener un ritmo acelerado de expedición, lo cual coincide con las consideraciones del IFE.

En uno de los escenarios probables que anticipa el IFE se advierte que sería alarmante el grado de desactualización que se presentaría en los registros ciudadanos del padrón electoral en 2012, ya que si bien el porcentaje de empadronados se estima relativamente alto (93.3 por ciento), esto no quiere decir que el registro esté actualizado, ya que el porcentaje no representa si está o no en la sección de residencia (ese porcentaje disminuye de 76.9 por ciento a 68.4).

Frente a este panorama y el entorno económico complicado para las finanzas nacionales en 2010, Guerrero sostiene que lo más sensato sería concentrar los esfuerzos en un solo instrumento de identidad construido a partir de la experiencia exitosa y confiable que ha tenido la credencial de elector.

Para el consejero, buena parte de esta disyuntiva se habrá de definir en la Cámara de Diputados, cuando los legisladores asignen las partidas para el próximo año. El IFE ha sido explícito en la prioridad que tiene la actualización del padrón y la sustitución de las credenciales denominadas 03 (con recuadro al reverso hasta las elecciones de 2003), que ya serán obsoletas para 2012.

El IFE ha definido un ciclo de tres años rumbo a los comicios presidenciales de ese año, pero comienza desde 2010, cuando el padrón electoral será elemento central en 15 procesos electorales locales. Es por eso –señaló Guerrero– que se han pedido recursos para apuntalarlo, preservando una tendencia histórica de asignar casi 40 por ciento del presupuesto del IFE a este proyecto prioritario.

Guerrero está convencido de la difícil coexistencia entre la cédula de identidad y la credencial de elector, pues es claro el efecto que tendrá en la participación ciudadana, alentando el abstencionismo. Si bien el Ejecutivo federal está interesado en introducir mecanismos de mayor seguridad y ampliar la cobertura a los jóvenes, esta decisión no se puede adoptar sobre la base de afectar el proceso democrático en el país.

En su caso, si el gobierno considera necesario dotar de una cédula de identidad oficial con mayores elementos y que abarque a los jóvenes menores de 18 años, existen otras vías que debiera estudiar previamente. Podría promoverse la modernización de los registros civiles y adecuarlos con la credencial de elector, para construir un nuevo instrumento que estuviera operado, desde luego, por un organismo ciudadano que bien podría ser el IFE.